Antifraude no ve irregularidades en la contratación de una agente de desarrollo local por el Ayuntamiento de Xàtiva

La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento de Xàtiva por presuntas irregularidades en la contratación de una agente de desarrollo local al considerar que la documentación analizada, tanto de la denuncia en sí como la remitida por el Consistorio, "no permite afirmar que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción".

La denuncia se basó en que se había contratado a una persona bajo la figura de contrato menor para encubrir realmente una relación laboral a largo tiempo. Según el relato de la denuncia, el alcalde habría contratado, mediante contrato menor de servicio, a un apersona para desarrollar las acciones del 'Reactivem Xàtiva', "como modo de pago de favores" y que además no se trata de una persona autónoma, sino que realmente tendría una relación laboral como empleada del Ayuntamiento.

En las conclusiones provisionales, la Agencia consideró que esta persona pudiera haber sido contratada en fraude de ley en base a las facturas presentadas por el Ayuntamiento en las que se aprecia una "presunción de dependencia en la relación" y una clara continuidad en la prestación", puesto que hay facturas desde el año 2018 hasta el 2022 que, según la Agencia, podrían constituir un "indicio de exclusividad en la prestación por parte del personal autónomo".

En sus alegaciones, el Consistorio xativí indicó que el servicio realizado por esta persona no se realizó bajo la dirección del Ayuntamiento, que sólo se encargó de supervisar y controlar ese trabajo. Que el Consistorio no fue el beneficiario directo, sino los comercios a quienes se ayudó para captar ayudas locales.

También justifica la contratación por "la necesidad inexistente hasta ahora y la insuficiente de medios propios por parte del Ayuntamiento", además de que "las prestaciones ejecutadas no corresponden a empleados públicos y menos aún a funcionarios".

Se niega que la persona contratada se adaptara al horario del Ayuntamiento ni que utilizara medios o recursos municipales y que el precio del contrato se hizo tomando como referencia las tablas salariales vigentes en el Ayuntamiento, atendiendo a la ley de contratos del sector público.

Además, se expone que el Consistorio viene adoptando desde hace seis años medidas en cumplimiento del mandato legal y evitando que la contratación de servicios sea una contratación laboral encubierta.

Tras el análisis de las alegaciones, la Agencia da por finalizada la investigación y concluye que "no puede concluirse que se dispongan de elementos jurídicos suficientes para concluir que la contratación lo haya sido en presunción de fraude de ley". No obstante sí que formula unas recomendaciones al Ayuntamiento relacionadas con la actualización y mejora de las medidas de cumplimiento del mandato legal.

Para ello se recomienda que "se dicten instrucciones internas con pautas para evitar el riesgo de la contratación laboral fraudulenta", así como que se lleve a cabo una planificación de los contratos de área del Departamento de Promoción Económica para incluirla en el Plan Anual de contratación.

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