Los plenos de Xàtiva y Ontinyent tumban sendas mociones de PP y Vox sobre medidas para evitar la okupación ilegal

El tema de la okupación ilegal se abordó en los plenos de los ayuntamientos de Xàtiva y Ontinyent de este mes de marzo a través de las mociones presentadas por el Partido Popular y Vox, respectivamente. En el caso de Ontinyent, el PP presentó unas enmiendas a la propuesta de Vox, por lo que, al final, las mociones debatidas en ambos plenos exponían los mismos argumentos e incluía las mismas propuestas.

Tanto el PP, en el caso de Xàtiva, como Vox, en el caso de Ontinyent expusieron el aumento de casos de okupación en ambas ciudades, lo que estaba generando conflictos en los vecindarios e inseguridad en los barrios y en las comunidades vecinales.

En defensa de la moción, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Xàtiva, Eduardo Llopis, insistió en que «la okupación en Xàtiva no sólo existe sino que va en aumento e irá a más si no se actúa ni se aprueban medidas disuasorias. El centro histórico corre el riesgo de convertirse en un foco estructural de degradación urbana e inseguridad y en ese caso ustedes serán responsables», apeló al equipo de gobierno y expuso el caso de inseguridad e intranquilidad que sufren dos vecinas.

Por su parte, el portavoz de Vox en Ontinyent, Vicente Andrés Navalón, habló de un incremento de la okupación en la localidad en los últimos años que «lejos de ser casos aislados, afecta a muchas comunidades de vecinos» y expuso el caso de Poble Nou, donde los vecinos se han organizado para alertarse, al igual que en otros barrios de la ciudad, por lo que cree necesario que se incremente la vigilancia policial, se agilicen los procesos judiciales y se ofrezca a apoyo a los propietarios y vecinos afectados.

La respuesta por parte de los equipos de gobierno a los proponentes de las mociones fue también la misma. Que se estaba creando un alarmismo innecesario por un problema que es puntual.

Desde el equipo de gobierno de Xàtiva, la concejala de Seguridad y Policía Local, Xelo Angulo, apuntó que, según los datos de 2024, en Xàtiva hay 10 denuncias al respecto y subrayó que se trata de un problema de difícil solución puesto que la práctica totalidad de estos casos son usurpaciones, no allanamientos que es un delito que conlleva la ejecución inmediata. «En los casos de usurpación la situación es mucho más compleja porque es necesaria la denuncia del propietario de la vivienda y se trata de inmuebles que pertenecen a entidades bancarias o que están abandonadas por tratarse de herencias complejas».

Angulo aseguró que se está trabajando desde el gobierno local al respecto de manera coordinada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y Bienestar Social. «Todos los agentes están formados y preparados para poder intervenir de cualquier circunstancia y se actúa de manera coordinada con la Policía Nacional, con reuniones todas las semanas de una comisión técnica de seguimiento».

También explicó que semanalmente hay una reunión entre Policía Local y Servicios Sociales para conocer la situación de las personas que están en esas viviendas, se les cita y se media para darle una solución de habitabilidad. Al igual que mensualmente, hay una reunión en Valencia con la Unidad de Extranjería de la Guardia Civil para informar sobre las personas migrantes, estén empadronadas o no, que hay en la ciudad, para conocer las incidencias e investigar posibles movimientos terroristas.

En Bienestar Social hay dos asesores jurídicos para atender a esas personas y ayudarles a buscar las ayudas y solicitar una vivienda pública. Al respecto, recordó que las 35 viviendas públicas de la Generalitat están ocupadas y con lista de espera e indicó las dificultades para encontrar una vivienda en la ciudad.

El alcalde, Roger Cerdà, insistió en el mismo argumento de alarmismo y de «demagogia» por parte del Partido Popular para plantear este problema que, «desgraciadamente tiene difícil solución». Aseguró que están trabajando desde el minuto cero que se conoce algún caso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. «Intentamos buscar a los propietarios de las viviendas. Yo personalmente he llamado para que denuncien porque ese es el primer paso para iniciar el procedimiento», explicó y aseguró que «vamos a redoblar los esfuerzos».

En Ontinyent, la primera teniente de alcalde y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, preguntó al portavoz de Vox en qué datos se basaba para decir que la ocupación se había incrementado en la ciudad. «Pido rigor para hacer afirmaciones como estas» y lamentó que «a partir de una información falsa, monte una moción de tres folios llenas de mentiras con el objetivo único de generar alarma social».

Enguix aseguró que los datos oficiales (sin aportar tampoco números) dicen lo contrario y acusó a Vox de querer generar una sensación de miedo e inseguridad «con la finalidad de crear negocio a las empresas de seguridad que son las que realmente aprovechan para crear ese clima de inseguridad. Son especialistas en crear bulos para estigmatizar a la población vulnerable», manifestó la portavoz de Ens Uneix.

El PP de Ontinyent justificó sus enmiendas, una sobre añadir al registro de viviendas okupadas las que estén en riesgo de estarlo y otra referida a que los Servicios Sociales atiendan la situación de vulnerabilidad de las personas con dificultad al acceso a la vivienda que optan por okupar, insistiendo que es un problema que afecta a la convivencia y a los propietarios. Aunque puso el foco en «la realidad social innegable de la falta de accesibilidad a la vivienda».

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