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B. González
Xàtiva
Miércoles, 21 de junio 2023, 13:20
El proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Almansa 1, de 75 megavatios, que contempla una infraestructura de evacuación hasta Montesa, así como una Subestación Eléctrica, que atravesará gran parte de la comarca de la Costera, afronta su último trámite administrativo.
Este miércoles salía a información pública la autorización para la construcción de la instalación y de la modificación de autorización previa administrativa, en la que se adjunta las modificaciones que el promotor ha realizado relativas a la línea de alta tensión para minimizar los impactos y tras las alegaciones presentadas por los ayuntamientos, colectivos y particulares.
Cabe recordar que la línea de alta tensión, que contará con una inversión de cerca de 23 millones de euros, se extendería desde Almansa (Albacete) donde se construirá la planta fotovoltaica y atravesaría los términos municipales de la Font de la Figuea, Moixent, Vallada y Montesa, en la Comunitat Valenciana.
Estos ayuntamientos, junto con la plataforma Montesa Territorio Viu, Acción Ecologista-Agró y particulares han presentado 1.200 recursos de alzada a la autorización administrativa previa y están dispuestos a recurrir a la vía judicial para frenar el proyecto que consideran lesivo para el territorio.
Aunque reconocen que el proyecto de la línea de alta tensión se ha mejorado con respecto al primer proyecto, considera que las medidas son "insuficientes e innecesarias". Es por eso que volverán a presentar alegaciones a este último trámite administrativo que incidirán en los incumplimientos de la exigencias de la declaración de impacto ambiental.
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Insisten, como explica el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Santiago Gasset, que en la misma autorización administrativa previa, se reconocía que había otras opciones menos gravosas, como, por ejemplo, reforzar la línea existente de Iberdrola, "que la ofrecido, pero a la promotora no le interesa".
Además consideran que el soterramiento propuesto se podía realizar bajo terrenos públicos como vías de servicio de autovía y ferrocarril, infraestructuras que ya existen en esta comarca, "pero a la Administración del Estado tampoco le gusta la idea", lamenta.
Así, la línea de evacuación proyectada sería parte aérea y otra parte subterránea, conecta la subestación Premier Montesa 30/400 kV con la subestación Seccionamiento Montesa/Almansa 400 kV, ubicada en Montesa.
Entre las mejoras propuestas para minimizar los impactos, condicionantes para la Declaración de Impacto Ambiental, Premier ha propuesto soterrar el tramo de línea eléctrica entre Sierra de Martés y Muela de Cortes, que es zona ZEPA, así como el corredor de la conexión entre la ZEPA y ZEC de Els Alforins con Sierra de Martés-Muela de Cortés y la Sierra de Enguera y aquellas zonas de mayor concentración de edificaciones que estén próximas a la línea.
Se evita así, según se indica, las zonas de nidificación de águila-azor perdicera y águila real, que estarán a 1 kilómetro de la línea, que indica en su informe la dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana.
Por otra parte, la empresa apunta que elaboró un análisis comparativo del tramo que atraviesa el terreno forestal estratégico, sobre las afecciones tanto de la alternativa soterrada como aérea, justificando "una mayor viabilidad ambiental de la aérea", que remitió a la dirección general de Medio Natural, pero que, asegura, aún no ha tenido respuesta al respecto.
Con respecto a la subestación Montesa/Almansa se ubicará fuera de la zona inundable. Se desplazará el apoyo de la línea eléctrica de evacuación situado en zona de inundación para el período de retorno de 100 años, en la medida de lo posible, los otros seis situados en las zonas peligrosidad nivel 6 y de carácter geomorfológico, de acuerdo con el Patricova. También se ha adaptado para evitar la afección a cauces de agua.
Otras de las medidas tienen que ver con la protección para la retención y evitación de vertidos, así como la compensación de pérdida de masa forestal.
Los ayuntamientos, colectivos y particulares afectados tienen dos meses para presentar alegaciones ante la delegación del Ministerio de Política Territorial en Albacete.
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