B.G.
Ontinyent
Jueves, 26 de septiembre 2024, 10:28
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent, José Antonio Martínez ha aclarado que el incremento de la tasa de basura que el equipo de gobierno local de Ens Uneix «no es una imposición del Gobierno de España, como han desinformado, es consecuencia de la aplicación de un impuesto sobre depósito de residuos en vertedero que procede de una Directiva Europea que penaliza a las administraciones que no reciclan adecuadamente».
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El concejal socialista critica al gobierno local «que ahora quiera echar la culpa de su desidia al Gobierno de España que lo único que hace en todo este asunto es incorporar a la legislación nacional una directiva de la UE» y acusa a Ens Uneix de su «inacción» y «no haber hecho los deberes». «Han tenido 5 años para llevar a cabo una correcta política de gestión de residuos, incluyendo la prevención y la inspección de servicios, que ha sido ineficaz».
«Ahora son los vecinos los que tienen que pagar de su bolsillo algo que en pleno siglo XXI tendríamos que tener superado más que de sobra si el gobierno de Ens Uneix en todos estos años hubiera hecho su trabajo para que Ontinyent sea una ciudad ejemplar en materia de reciclaje», apunta.
En este sentido, el portavoz socialista recuerda que la comisión de gobierno del COR del 6 de octubre del 2021 aprobó por unanimidad la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por transferencia, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos y ecoparques para el 2022 que ya incluía una subida respecto al año anterior del 9,96% por el canon de vertedero.
Y en julio de 2021, la Comisión de Gobierno del COR, actualizó el convenio de colaboración entre consorcios para que el V3, donde se abocan parte de los residuos del V5, no asumiera el canon de vertido de los residuos del ámbito del COR. « La concejala Sayo Gandía formaba ya parte de esa comisión de gobierno y, por lo tanto, sabía que venía el tema desde el 2021 como mínimo», recalca.
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Por su parte, desde Ens Uneix han anunciado que van presentar una moción tanto en el pleno del Ayuntamiento como en la Diputación de Valencia para instar al Gobierno de España a que no obligue a los ayuntamientos a repercutir en la ciudadanía el 100% del pago de la tasa de gestión de residuos derivada de la «Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular», así como que se eche atrás el «basurazo de Pedro Sánchez».
En la moción de la formación municipalista se expone que «esta nueva normativa supone un aumento considerable de la presión fiscal sobre la ciudadanía y que, además, contradice el principio de progresividad fiscal, aumentando la desigualdad en no basarse en la capacidad económica de las personas contribuyentes, ya que tasas de gestión de residuos se aplican de manera uniforme, sin tener en cuenta el consumo, la generación de residuos o el nivel de renta de cada familia, lo que provoca una distribución de la carga fiscal socialmente injusta».
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Igualmente, se apunta que «esta ley supone un ataque a la autonomía de la administración local, ya que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos saneados como el de Ontinyent, que tienen la capacidad financiera suficiente para hacer frente al déficit que genera este servicio».
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