Compromís insta al Gobierno a destinar 26 millones de euros para acabar con las inundaciones en Alzira

El pleno de Alzira, por unanimidad, acordó el mes de mayo exigir al Gobierno de España que incluyera una partida de 26 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para ejecutar las obras de ampliación del barranco de la Casella y proteger a la ciudad de las inundaciones. Un acuerdo que desde la Federació d'Associaciones de Veïns d'Alzira y desde algunas formaciones políticas quieren que no se quede en papel mojado y por ello se ha vuelto a reiterar esta petición.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado una pregunta en la que se insta al Gobierno a cumplir con este acuerdo municipal y se solicita priorizar la ampliación del barranco de La Casella para que los caudales recogidos en las cuencas del Estret, del Vilella y del Casella, no alcancen los niveles actuales permitiendo las entregas de los colectores y las del canal interceptor para evitar las inundaciones en el casco urbano.

Para ello es necesario asignar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la partida finalista de 26 millones de euros en los próximos presupuestos para la ejecución de la soluciones estimadas por TYPSA, redactora del "Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar". Una cantidad que los técnicos encargados de estudios independientes han señalado suficiente para llevar a cabo tanto la ampliación como la remodelación del enlace de la CV-41 y la CV-50.

Una obra, que a tenor de la última reunión del Ayuntamiento de Alzira con la CHJ, está en la cartera de la administración pero por el momento no cuenta con un presupuesto tan amplio y excluye la actuación en las carreteras al ser competencia de la Generalitat.

Ni el Ayuntamiento ni la Federación quieren que esta reclamada ampliación sea sólo un parche sino que se convierta en la solución definitiva frente a las inundaciones en el casco urbano. Por ello, desde la organización vecinal reclaman al resto de formaciones políticas también presionen en el Congreso y Senado para reivindicar las actuaciones consensuadas en Alzira.

 

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