Las obras urgentes contra las inundaciones de la Ribera comenzarán en 2024

Habrá que esperar hasta principios de 2024 para que las principales actuaciones contra las inundaciones en la Ribera comiencen a ejecutarse. Así se desprende de la reunión mantenida por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, con los alcaldes de Alzira y Carcaixent. En este encuentro se han explicado las obras que se llevarán a cabo tras avanzar el estudio técnico de la CHJ y que afectan básicamente a los barrancos de la Casella y Barxeta. Unas actuaciones en las que se invertirán unos 28 millones de euros que deben salir de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Este estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones en la Ribera del Júcar comenzó a redactarse el año pasado y todavía le queda algo menos de un año para finalizar según comentan desde la Confederación. Sin embargo, ante la presión social que existe en Carcaixent y Alzira por la urgencia de actuaciones que frenen las riadas la administración estatal ha explicado los avances en los trabajos antes de que estén tramitándose los cinco proyectos que saldrán de este gran estudio.

En Alzira ya se han avanzado dos actuaciones que afectan al barranco de la Casella. La principal y más esperada es la ampliación del cauce de este barranco para conseguir que asuma todo el agua que llega durante los temporales. Este proyecto contará con una inversión de unos 12 millones de euros y se espera que pueda comenzarse en el primer trimestre de 2024 tras la redacción del proyecto y las tramitaciones ambientales.

En este caso, la CHJ ya ha adelantado al Ayuntamiento de Alzira que tendrá que hacerse cargo de las expropiaciones de terrenos, un aspecto que puede acelerar su ejecución. "Nosotros lo que queremos es que todo esto quede plasmado para que no se quede en otro proyecto pendiente", ha comentado el alcalde de Alzira, Diego Gómez, ya que desde hace décadas se esperan estas actuaciones que palien el riesgo de inundación en la ciudad.

Otra de las propuestas que formarán parte del estudio de alternativas de la Confederación es la laminación natural del barranco de Barxeta en su confluencia con el Casella. Con esta modificación, que se tasa en unos 4,5 millones de euros, se conseguirá pacificar esta unión de los dos cauces y que no genere problemas cuando están crecidos. Estas obra podrían iniciarse antes, en el segundo trimestre de 2023, al contar con una tramitación más sencilla.

En esta reunión, el alcalde de Alzira ha preguntado sobre la solución para la CV-50 y la CV-41 que se verían afectadas por la ampliación del barranco de la Casella. En este sentido, los representantes de la CHJ han reiterado que este aspecto debe ser gestionado por la Conselleria de Obras Públicas, competente en materia de carreteras. "Ya hablamos con el anterior conseller para buscar soluciones y estamos pendientes de una nueva reunión. Queremos que la modificación que se realice permita que las vías se integren en la trama urbana para no perjudicar a los vecinos de esta zona", ha destacado Gómez.

Otras dos actuaciones que se incorporarán al estudio de la CHJ afectan al término de Carcaixent. Una de ellas es la construcción de una mota de protección para evitar que el barrio de Cogullada sea anegado durante los episodios de fuertes lluvias. En esta línea, también se incluye la ampliación del paso inferior de la carretera que atraviesa la zona para dar más capacidad al barranco de Barxeta, principal causante de las inundaciones.

La segunda de las obras también afectará a este cauce y servirá para desviar su lecho que se dispondrá en paralelo a las vías del tren para que desemboque más cerca del río Júcar, gane cota y evite problemas en el barranco de la Casella, en Alzira.

«Estas actuaciones coinciden con las que llevamos años reivindicando desde el Consistorio. Por que con estos cambios el agua iría a los campos y no a Cogullada», ha comentado el alcalde de Carcaixent, Paco Salom.

En el caso de las obras de Carcaixent también se datan para principios de 2024 aunque a diferencia de las de Alzira la Confederación ha señalado que incluirán la expropiación de terrenos que no tendrá que abonar el Consistorio.

Por otra parte, el encuentro entre el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y los dos alcaldes de la Ribera también sirvió para llegar a un acuerdo sobre el pago pendiente del canon de vertidos de la depuradora. La Confederación estaba cobrando todos los litros vertidos como si correspondieran a aguas industriales, un hecho que fue recurrido por el Ayuntamiento de Alzira pero perdió el contencioso correspondiente a 2011. La sentencia le obliga a abonar 1,2 millones de euros que comenzaran a pagarse a partir de 2023 y se fraccionará en cinco anualidades.

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