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A. Talavera
Jueves, 24 de febrero 2022, 16:26
La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acogido este jueves 24 de febrero el juicio contra al exalcade de Corbera, Jordi Vicedo, ... y contra la secretaria del Ayuntamiento de Corbera acusados por la Fiscalía de los delitos de prevaricación y exacciones ilegales.
Para Vicedo, actual concejal de Urbanismo de Corbera, la Fiscalía pide una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de 15 años y una multa de 12.000 euros. Y, para la secretaria municipal, 12 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros. Ambos están acusados de irregularidades en la concesión de prórrogas de licencias municipales para la explotación de la cantera “Girtal”, de la empresa Canteras y Áridos Llaurí.
Tras la vista en la sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia el proceso ha quedado visto para sentencia. Una resolución esperada por ambas partes y que aún tendrá posibilidad de nuevo recurso.
Este proceso judicial comenzó en 2017 cuando el Ayuntamiento de Corbera denegó la prórroga de la licencia de restauración a la empresa encargada de la cantera. Desde 1986, esta mercantil explotaba la Girtal ubicada en el término de Corbera y en el año 2004, en 2014 y 2015 recibió licencias de obras para la restauración de la cantera tras finalizar su periodo de explotación. Una restauración que se fue retrasando.
El exalcalde de Corbera se ha mostrado tranquilo tras la vista y ha explicado que espera la "absolución". El motivo por el que se anuló la prórroga fue el "incumplimiento" de la restauración por parte de la empresa. En cuanto a la exacción ilegal, Vicedo ha recordado que desde 2004, Canteras y Áridos Llaurí estaba pagando los cánones establecidos según el convenio y "sólo se recurrió cuándo fue denegada" la licencia en 2017.
En la Audiencia Provincial se juzga la parte penal del procedimiento ya que también ha habido otros procesos administrativos por la anulación de las diferentes licencias. "Todos los recursos administrativos han sido fallados a favor del Ayuntamiento", ha recordado sobre este procedimiento civil que ya ha pasado por diversas fases y en el que el TSJ realizó el año pasado un apunte sobre la necesidad de solicitar más informes para tomar la decisión de anular la autorización de los trabajos.
Por su parte, desde la empresa encargada de la Girtal también esperan una resolución favorable a sus intereses que ponga fin al largo procedimiento en el que han denunciado que durante todos estos años han abonado al Consistorio "600.000 euros en pagos ilícitos".
“Espero que esto se resuelva de manera correcta ya que llevamos cuatro años de sufrimiento. Llevo seis peticiones de licencia denegadas y finalmente la justicia me ha dado la razón (en referencia a la anterior sentencia del TSJ). Creo que los empresarios no nos merecemos un trato distinto de otros ciudadanos ya que somos los que creamos puestos de trabajo y generamos riqueza”, ha asegurado Ximo Magalló, gerente de Canteras y Áridos Llaurí.
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