A. Talavera
Lunes, 5 de diciembre 2022, 09:21
Cuatro décadas han pasado desde que la rotura de la presa de Tous inundara gran parte de los pueblos de la Ribera causando un daño sin precedentes. Mucho ha llovido desde entonces, y muchas otras inundaciones han anegado estas tierras, pero la pantanada sigue muy presente en 47 familias a las que el Instituto de Crédito Oficial, ICO, sigue reclamándoles los préstamos solicitados en los años 80.
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En total son 639.200 euros, con intereses incluidos, los que están pendientes de pago pese a los anuncios por parte de los políticos de que este negro capítulo de la historia se iba a cerrar condonando estas deudas. 40 años después todavía no se ha llegado a un acuerdo por lo que el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que propone condonar la deuda y los intereses pendientes de los afectados por la pantanada de Tous de 1982 y sus descendientes.
“En varios municipios valencianos muchos ciudadanos tuvieron que empezar de cero. Hoy todavía sus viudas o hijos arrastran una deuda que en algunos casos no está clara y es ilegítima. Es el momento de pasar página y cerrar este episodio”, ha señalado Mulet.
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El senador ha recordado que existe una propuesta del ministro de Economía y Hacienda de 2008 favorable a la condonación del 100% de los intereses básicos más los de demora acumulados pendientes de devolución y la baja en los saldos menores de 1.500 euros. Asimismo, declaraba fallidos los créditos de las personas que carecieran de recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones. Para el portavoz de Compromís, “vemos como pasan los años, pero ni el Gobierno ni el ICO aflojan y se sigue persiguiendo a 47 familias exigiéndoles el pago de las deudas. Un proceso innecesario y perfectamente prescindible después de tantos años y sufrimiento”.
Con motivo del 40 aniversario celebrado este pasado 20 de octubre, el conseller de Hacienda, Arcadi España, anunció que el Institut Valencià de Finances costeará los préstamos de las personas más vulnerables para acabar con la deuda.
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Desde hace unos años el Ayuntamiento de Alzira ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno para intentar que se condonaran todos los préstamos ya que gran parte de los 47 pendientes son de vecinos de Alzira. Sin embargo no se llegó a un acuerdo con el ICO por lo que la Generalitat ha procedido a buscar una solución alternativa. En este caso se están analizando uno a uno los casos para saber cuáles se pueden incluir en la partida del IVF por las condiciones de vulnerabilidad de los afectados.
De esta forma, seguiría habiendo algunos procedimientos judiciales abiertos por lo que ahora Compromís reclama que se incluya todo el montante en los presupuestos.
El Gobierno, a través de las antiguas Entidades Oficiales de Crédito, otorgó ayudas a devolver para los afectados por la fatídica pantanada. En muchos casos la persona que concertó la operación ha fallecido y la demanda se dirige contra su viuda, personas ya octogenarias y vulnerables o pensionistas o herederos, que no tuvieron conocimiento directo de estas operaciones. Los intereses del 7% en algunos casos doblan la cuantía del préstamo.
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En otros casos, dado el tiempo transcurrido, estas personas no conservan hoy ninguna documentación que permita demostrar el pago de los créditos y tienen muy difícil poder defenderse ya que, además, las entidades bancarias con las que operaron han desaparecido, por lo que no tienen la posibilidad de solicitar un justificante. Existen casos de personas con problemas económicos y que pueden verse con embargos de sus viviendas y otras en el que son los hijos quienes tienen que poner el dinero adeudado.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en 1997 que el Gobierno de España debía hacerse cargo de las indemnizaciones de los 7.000 perjudicados -incluidas las de las familias de las ocho víctimas mortales- como responsable civil subsidiario de la rotura de la presa de Tous. “Urge acabar de una vez con este episodio, pues la reclamación de un final ha sido exigida de forma unánime y reiterada por las autoridades valencianas”, ha remarcado Mulet.
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