L'Énova tramita la legalización del proyecto de la urbanización La Besana para poder reiniciar las obras

La urbanización La Besana de l'Énova lleva unos 14 años paralizada y esto provoca graves problemas a la veintena de propietarios que adquirieron sus viviendas ya que el área carece de servicios básicos.

Un abandono por parte del agente urbanizador que se produjo en 2008 y que a día de hoy todavía se está intentando solventar esta difícil situación urbanística derivada de la burbuja inmobiliaria.

En estos momentos, el Ayuntamiento de l'Énova está a la espera de que el Consell Jurídic Consultiu ratifique la actualización del proyecto ya que éste se ha tenido que modificar para adaptarse a la actual normativa (el proyecto inicial databa de 2005). Este paso es necesario para legalizar esta nueva área ya que cuando comenzó a ejecutarse el PAI se debía haber informado a la conselleria pero el anterior equipo de gobierno no tramitó toda la documentación y la administración autonómica cerró el expediente en 2009.

"No hemos parado de trabajar en estos desde que entramos en 2015 y lo primero que hicimos fue hablar con la Conselleria de Urbanismo para saber cómo estaba y nos informó de que el expediente estaba cerrado" y por tanto había que realizar todos los trámites administrativos para poder ponerlo en marcha, explica el alcalde de l'Énova, Tomás Giner.

A estas trabas se suma que el agente urbanizador que se hizo cargo del proyecto en 2017 (el anterior quebró) también ha tenido que presentar de nuevo informes a las administraciones y se encuentra a la espera de recibir la autorización de impacto ambiental obligatoria para reiniciar las obras.

Una vez se tengan todos los permisos administrativos, se reiniciarán los trabajos para finalizar la urbanización y, entonces, el Ayuntamiento deberá realizar una inspección para comprobar que la obra está en condiciones y recepcionarla. De esta forma las viviendas ya podrían recibir la licencia de primera ocupación y el área formar parte del municipio.

"Al no estar acabadas las obras y no tener los servicios no cuentan con las licencias oportunas y realmente son parcelas privadas que deberían estar perimetradas y sin habitar", añade el alcalde que entiende el malestar de los vecinos pero "no puedo incurrir en ninguna ilegalidad" por lo que no se puede actuar hasta que no se cumplan todos los trámites.

"Esta situación es un problema para todos. Nosotros queremos que se solucione cuanto antes ya que también nos beneficiaría aumentar la población del municipio", reconoce al primer edil.

Los vecinos critican que hacen frente a elevadas cantidades del Impuesto sobre Bienes Inmuebles pese a estar en condiciones precarias. Sobre este aspecto, Giner apunta que el IBI "es un impuesto que cuantifica el Ministerio según el valor de la vivienda en el catastro y no da derecho a los servicios".

La construcción de la urbanización La Besana está inmersa también en un proceso judicial en el que está implicado el exalcalde de la localidad y extrabajadores municipales que estaban al frente en 2008. La Fiscalía abrió en 2020 un procedimiento por malversación de caudales públicos que está pendiente de juzgarse.

Y es que cuando se produjo un cambio en el ejecutivo de l'Énova el actual alcalde envió toda la documentación de este proyecto al Tribunal de Cuentas porque había un desajuste en los ingresos. "Al Ayuntamiento también nos ha perjudicado porque se quedó pendiente de cobrar cerca de un millón de euros por la venta de los terrenos", comenta Tomás Giner. Una reclamación que ha prescrito pero que ha derivado en posibles responsabilidades penales.

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