Gandia estudia llevar a los tribunales a los organizadores del SanSan Festival

El Ayuntamiento de Gandia estudia emprender medidas legales contra los organizadores del SanSan Festival por las acusaciones vertidas después de que el promotor del ciclo musical, Santiago Álvarez, anunciara que denunciará al gobierno ante la Fiscalía Anticorrupción por impagos, estafas, extorsiones, cohecho, coacciones, prevaricación y por incumplir promesas.

LAS PROVINCIAS publicó hace un mes que Álvarez había asegurado que presentaría una demanda contra el ejecutivo de izquierdas «por mentir al público» e intentar tumbar el ciclo musical con coacciones. «Entre hoy y mañana» espera hacerla efectiva contra la alcaldesa Diana Morant; el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell; el responsable de Instalaciones y Actividades Deportivas, Antoni Deusa; la edil de Deportes, Lydia Morant; y el exdirector del Área de Promoción Económica, Vicent Llorens.

Fuentes del SanSan aluden a unas comprometidas grabaciones mantenidas con la alcaldesa, concejales y asesores del gobierno local sobre las negociaciones para que el festival no se celebrara finalmente en Benidorm, sobre la ubicación o el pago de la deuda. Estas personas, según Álvarez, «han jugado con el engaño, prometiendo cosas, mintiendo al público y al pueblo, intentando tumbarnos en los últimos momentos con extorsiones».

Especialmente duras fueron las declaraciones de Álvarez en Facebook a principios de mayo: «Ya no tenemos nada que perder, vamos a mirar para adelante, Sansan seguirá vivo y vamos a ir a por vosotros. Vamos a ir mostrando, poco a poco y con pruebas, los nombres de todas las personas involucradas en el capítulo más negro de nuestra historia. Son decenas de cosas y decenas de pruebas. Espero que cada cual haga juicio de conciencia y todo el mundo sepa la realidad».

El empresario del Sansan, tal y como informó este periódico, arremetió duramente contra el Ayuntamiento por el impago de una deuda de 150.000 euros, que se arrastra desde la legislatura de Arturo Torró, y por los incumplimientos de promesas del nuevo ejecutivo. Desde el gobierno, el portavoz José Manuel Prieto respondió que sólo en facturas de la edición de 2015 había pendientes 123.600 euros «cargados a las arcas municipales a través de la empresa pública IPG».

Asimismo, insistió en que ese montante económico no aparece en ningún contrato, en ningún justificante ni en ningún documento, por lo tanto, «por mucho que se lo prometiera el exalcalde Arturo Torró, no lo podemos pagar porque no ha pasado por ningún cauce reglamentario. Es imposible e ilegal». Desde el SanSan matizaron que estas facturas «no aparecen en ningún documento contable porque no las quieren contabilizar».

Además, fuentes del festival acusaron a un miembro del ejecutivo de comprometerse a reconocer toda la deuda de sus antecesores para, posteriormente, incumplirlo. «De hecho, ya no queda por pagar 150.000 euros sino 123.600 euros porque han reconocido algunas facturas de una empresa 'amiga' de este miembro del ejecutivo».

Prieto dejó claro que desde el minuto uno de esta legislatura, el gobierno afirmó que el festival se podría realizar en Gandia siempre que no tuviera coste para las arcas municipales y estuviera en un recinto que cumpliera y respetara la legalidad. «Y así se hizo», dijo el dirigente socialista. En segundo término, «el Ayuntamiento, como depositario de la representatividad de los ciudadanos, no puede tolerar ni amenazas ni intentos de chantaje por ninguno de los organizadores ni de las empresas vinculadas al evento musical». Por último, Prieto recordó que siempre que los organizadores lo han solicitado, se han mantenido reuniones.