Condenan a Gandia a devolver una plusvalía que cobró de forma ilegal

El Ayuntamiento de Gandia ha sido condenado a devolver un impuesto que cobró de forma ilegal. El consistorio tendrá que devolver algo más de 600 euros a los propietarios de una propiedad en la ciudad. Los dueños decidieron vender un garaje y la administración local les aplicó una tasa de plusvalía, un cobro que había sido anulado ya por el Tribunal Constitucional (TC).

La venta del inmueble se produjo a principios de 2022, cuando ya se conocían los cambios en el Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este pago había sido declarado inconstitucional por el TC en el mes de octubre de 2021, por lo que el Gobierno central hizo público un Real Decreto en el que emplazaba a los Ayuntamientos a adaptar sus ordenanzas a la doctrina del Constitucional en el plazo de seis meses.

Este impuesto se aplicaba sobre el valor de adquisición de la propiedad y la transmisión, es decir entre su compra y su posterior venta por parte del propietario, casos en los que podrían pasar décadas y las cantidades podían dispararse y, por tanto, elevar esta tasa que finalmente fue anulada.

Pero en el caso de Gandia no se hicieron los deberes a tiempo y eso es lo que le ha traído consecuencias y una sentencia en contra. El Ayuntamiento de Gandia no adaptó su normativa local y ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Tres de Valencia le ha dado un duro varapalo.

La sentencia deja claro que Gandia «ha obrado con negligencia» a la hora de posponer la adaptación de la ordenanza a las directrices del Real Decreto y por ende a las del Constitucional. Es más, el fallo deja claro que otros 45 municipios de la provincia de Valencia sí hicieron este cambio para evitar así este tipo de problemas, entre ellos Alzira, Burjassot, Paterna, Sagunto o Valencia, como cita el escrito.

El cambio de la ordenanza municipal tenía que haber estado listo en mayo de 2022 y no lo estuvo hasta octubre, seis meses más tarde. «Si Gandia hubiera aprobado esas modificaciones dentro del plazo fijado por el Gobierno ahora no tendrían que hacer frente a este pago», como han precisado desde GF Consultoría de Empresas, que han llevado el caso.

Gandia cobró a estos propietarios basándose en la normativa anterior, pero sin estar avanzando en los cambios de la ordenanza, motivo por el cual se ha fallado en contra de Gandia: «Si el Ayuntamiento hubiera probado que estaba trabajando en los cambios no hubiera sido condenado, pero no lo estaba haciendo y hasta octubre de 2022 no tuvo lista la ordenanza».

Los demandantes presentaron, inicialmente, un recurso ante el Ayuntamiento de Gandia, pidiendo que se les devolviera su dinero, al ver que pasaron los primeros seis meses, tiempo que dio el Estado, y no cambiaron la ordenanza. El consistorio desestimó el escrito y los propietarios acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que les ha dado la razón, cargando incluso contra el Ayuntamiento.

De hecho, el fallo explica que el argumento que da Gandia para defenderse no es válido. El escrito explica que el Ayuntamiento alegó que este caso se trató de «una mera irregularidad, no invalidante», queriendo decir que se trataba de un error que no requería la devolución del dinero, algo que el magistrado no ha aceptado y obliga al consistorio a devolver los 603 euros cobrados de forma ilegal.

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