«Todos los contratos de trabajo que firmé estaban avalados por los funcionarios de Villalonga»

El exalcalde de Villalonga Enric Llorca se ha sentado este miércoles 6 de julio en el banquillo de los acusados. El aún edil del PSPV en la localidad de la Safor está inmerso en un proceso judicial en que se le achacan delitos de prevaricación y de malversación continuada. Todo viene relacionado con contratos de trabajo realizados a vecinos de la población durante los años que fue primer edil, entre 2011 y 2019. Dos legislaturas.

Tras una intensa investigación de un juzgado de Gandia y un informe de Fiscalía se decidió abrir juicio oral, al entenderse que había indicios de posibles delitos a la hora de dar empleos públicos en esos años. La denuncia parte de dos excompañeras de Llorca y ex socialistas, las ediles Alicia Gomis y Lydia Reig, que han aportado pruebas que a su entender certificarían la mala praxis del exalcalde y una intencionalidad clara de dar trabajo a unas personas frente a otras. Pero eso es lo que ahora se dirimirá en el proceso sobre lo qe se pronunciará la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gandia.

El juicio ha arrancado a las 9.30 horas y allí estaban los acusados: Enric Llorca, Vicent Rocher y Juanjo Sanchis, estos últimos ediles de Personal en distintos periodos de los mandados del socialista. Llorca ha sido claro y ha explicado ante la Fiscal y los abogados de su defensa que siempre actuó conforme a la legalidad y apoyándose en las indicaciones de los funcionarios. ““Todos los contratos de trabajo que firmé estaban avalados por los funcionarios de Villalonga”, ha precisado el que fuera primer edil.

Este proceso se ha vivido en los juzgados de Gandia como pocos. En la primera sala del edificio había más de 30 personas sólo relacionadas con esta vista. De hecho hay más de 20 testigos llamados a declarar, así como las denunciantes, los acusados y algunos otros ediles del PSPV que han acudido para apoyar a Llorca. Sin contar letrados y procuradores.

Uno de los primeros en hablar ha sido el abogado de la acusación, que ha pedido que se incorporaran nueva documentación al proceso, correos electrónicos y escritos, básicamente. La juez lo ha rechazado y ha explicado que el proceso de instrucción ha sido largo y con tiempos más que suficientes para que la acusación pudiera presentar más argumentos. Los defensores han solicitado a la magistrada que los acusados fueran los últimos en declarar, ante el volumen de testigos que había previsto. También ha sido denegada la petición y Llorca ha comenzado a responder a las preguntas de la Fiscal.

La representantes del ministerio público ha preguntado de varias formas y ha insistido varias veces en distintos conceptos. En definitiva quería saber si Llorca era consciente de que había bolsas de trabajo en Villalonga y que allí estaban para comprobar si él se las había saltado de forma premeditada. También quería conocer por qué firmó documentos que tenían reparos de legalidad por parte de la interventora, relacionados también con contratos de trabajo.

Llorca en diferentes respuestas y de forma parecida ha dicho que él confiaba en los funcionarios, que eran quienes decidían a quién había que contratar. “Llegué en 2011 y no había bolsas de trabajo, las creamos y empezamos a seguirlas. Todos los contratos se hacía echando mano a estas listas. Si alguna persona no accedió a uno de los puestos ofertados es porque renunció al tener ya otro trabajo”.

“Eran los años más duros de la crisis, todo el mundo quería trabajar y muchas familias no tenían recursos”, ha precisado. De forma paralela ha indicado que es cierto, como le ha preguntado la fiscal, que “mucha gente, muchísima”, iba a pedirle trabajo. “En esos casos yo enviaba o dirigía a estas personas a servicios sociales. Es cierto que eran casos extremos, parejas con dos y tres hijos sin ningún tipo de ingresos, mujeres maltratadas que no tenían para comer e incluso casos de abusos sexuales”, ha relatado.

Pero ha remarcado que las bolsas se siguieron de forma escrupulosa y que cuando se agotaban se recurría a otras personas. También ha reconocido que en algún caso avisó a servicios sociales de la situación complicada de algunos vecinos, pero que él nunca dio indicaciones de a quién contratar. “Lo decidían los funcionarios y a mi me daban los contratos o los documentos de cualquier otro tema para firmarlos. No tengo porqué desconfiar de un escrito de la Secretaria Interventora, si me dice que está correcto, lo firmo”.

Sobre los reparos de legalidad también se ha excusado en la interventora. “Me dijo que podía firmarlos, que era algo habitual, que sólo era ilegal si se tratara de asuntos económicos. Después han declarado sus concejales que han defendido su labor y su buen hacer en los años de gestión, indicado que nunca han querido favorecer a nadie, sino gestionar para el beneficio común. Durante este miércoles 6 de julio y jueves 7 seguirán pasando testigos.

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