Las víctimas perfectas

En Canadá, como en Estados Unidos o Australia, la barrera que separa a la población indígena del resto existe aunque no se vea. Los colonos británicos despreciaban a los nativos de los territorios que ocupaban sin disimularlo. La aniquilación, que fue en la mayoría de los casos el recurso inicial para resolver el problema, dejaba mala conciencia y contravenía los principios que su civilización proclamaba, así que en una segunda etapa los indígenas fueron agrupados en reservas. Abandonadas a su suerte y privadas de sus referencias culturales, las poblaciones originarias emprendieron una deriva hacia la marginalidad, marcada por el abuso del alcohol y las drogas, que no ha hecho sino ahondar en el estigma que los primeros europeos les adjudicaron.

En Canadá no quedan muchos indígenas, apenas 1,5 millones (el 4,3% de la población del país) y además están muy dispersos. Aunque los canadienses aprecian la vertiente folklórica del asunto y han adoptado símbolos como los totems de las antiguas tribus, lo cierto es que no se preocupan demasiado de sus descendientes. Un enviado especial de la ONU que hace un par de años visitó a las comunidades indígenas concluyó que sus derechos humanos eran sistemáticamente vulnerados. El relator, que tuvo que superar incontables dificultades para obtener un permiso de visita debido a las reticencias del Gobierno de Ottawa, denunció la "desigualdad crónica" presente en la sociedad canadiense.

Con esos antecedentes, no sorprende la desidia de la Administración ante las denuncias por las más que numerosas agresiones a la población femenina indígena. Las primeras voces de alarma fueron lanzadas por el Consejo Nacional que agrupa a este colectivo, que cifró en 582 los casos de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas en todos el país en las tres últimas décadas. La revelación apenas tuvo eco en Canadá, a pesar de lo que significaba: una aborigen tenía tres veces más probabilidades de ser víctima de la violencia que el resto. La comunidad internacional tomó cartas en el asunto de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que elaboró un informe en el que ponía negro sobre blanco el escaso interés de las instituciones en resolver los crímenes.

Amigos y familiares

La denuncia dio munición a la oposición canadiense y el asunto empezó a saltar a las páginas de los periódicos. Forzada por la creciente presión exterior, la Policía Montada tuvo que admitir que la cifra real era incluso superior a la barajada y ascendía a 1.026 mujeres indígenas asesinadas y otras 160 desaparecidas. Tan abultados registros invitan a pensar que en los últimos años se ha producido un fenómeno excepcional, una suerte de caza de la nativa. Pero un repaso a las estadísticas indica que dos de cada tres crímenes aclarados han sido perpetrados por el entorno más próximo a la víctima, léase familia o amigos. Son muchos los que han llegado a la conclusión de que esas muertes obedecen a razones estructurales: si hubiese cifras de años anteriores, aseguran, se demostraría que no se trata de un fenómeno reciente.

Es probable que el informe de la CIDH no ande muy errado cuando relaciona todos los asesinatos con la discriminación que se inició con la colonización. Conviene no olvidar que el Gobierno separó el siglo pasado a más de 150.000 niños aborígenes de sus familias para llevarlos a internados donde se les enseñaba a ser buenos canadienses, es decir, a hablar en inglés o francés y a ser cristianos. Ese programa se activó a finales del XIX y se prolongó hasta 1990, lo que dice mucho de la escasa consideración hacia las culturas nativas.

No parece que el llamamiento que ha hecho la comunidad internacional para que se dediquen más medios a prevenir e investigar los asesinatos vaya a tener demasiado éxito. El primer ministro, Stephen Harper, ya ha dicho que no tiene ninguna intención de crear una comisión para estudiar al asunto. A los descendientes de los colonos les gusta ser fieles a sus tradiciones.