Cerco al circo

El Circo Ringling, el más antiguo del mundo, pliega su carpa. Después de recorrer Estados Unidos durante 146 años, primero en vistosos carromatos y ahora en tren, el que fuera publicitado como 'El mayor espectáculo del mundo' vacía sus jaulas para siempre: en mayo, un centenar de animales encontrarán acomodo en centros de retiro. Los payasos, el equilibrista, la bailarina y los otros 400 trabajadores no lo tendrán tan fácil. El modelo está en crisis. «La venta de entradas estaba bajando, pero después de la salida de los elefantes del 'show' (en 2016, por la presión animalista) la caída ha sido dramática. El negocio es insostenible», reconoció el sábado Kenneth Feld, su director general.

En España también se estrecha el cerco: 372 municipios más Cataluña y Valencia se declaran «libres de espectáculos con animales salvajes». «Luchar contra el maltrato no es luchar contra nosotros. Estamos más controlados que cualquier zoo o explotación ganadera», asegura David Arranz, presidente de la Asociación Circos Reunidos. «La sociedad ha cambiado», se felicita Silvia Barquero, presidenta del PACMA.

El Circo Ringling, uno de los más grandes del mundo, llevaba años en el punto de mira de las organizaciones de defensa de la fauna. Daba igual que todos sus perros viniesen de refugios para canes abandonados o que sus famosos tigres de Bengala fueran originarios del recinto de recuperación de grandes felinos procedentes del tráfico ilegal. El año pasado, Feld Entertainment, su propietaria desde 1967, decidió 'jubilar' a sus 13 elefantes, empujada por el movimiento animalista, y enviarlos a su centro de conservación en Florida. Sin los paquidermos, imagen de marca de la compañía desde hacía un siglo, la taquilla se resintió. Ahora, la empresa tira definitivamente la toalla: sus dos espectáculos, que viajan cada uno en un tren de 60 vagones y una milla de largo, a razón de 57.000 kilómetros al año, celebrarán una treintena de funciones antes de bajar el telón.

«¡Victoria! El circo de los hermanos Ringling cierra», clamó ayer PETA en las redes sociales. «Que un circo que ha sido espejo para muchos de nosotros cierre es una noticia muy triste. Que 400 personas se queden sin trabajo no es una victoria», replica Arranz, propietario del pequeño Circo Parada -«Mi mujer, mis dos hijos, los perros, las serpientes y yo»-, afincado en Ciudad Real.

En España, insiste Circos Reunidos, la gran mayoría de las empresas cumple la ley. Cada vez que se levanta un campamento, un veterinario inspecciona a los artistas de cuatro patas y autoriza el viaje. En su destino, casi siempre los espera el Seprona, alertado por las denuncias animalistas, para comprobar el estado de las fieras. Y una vez al mes hay control obligatorio. A pesar de tanta vigilancia, en España nunca se ha clausurado un circo por crueldad.

Un aro ardiendo

«Eso se debe al vacío legal que hay en nuestro país», argumenta Barquero. Aunque hay diferentes normas nacionales y europeas que regulan esta actividad, PACMA exige una ley estatal que la prohíba definitivamente. «No cumple ninguna función educativa ni de conservación -señala-. Los animales viajan encerrados en jaulas y es imposible garantizar su bienestar. Para obligar a un tigre a que salte a través de un aro ardiendo no le dan galletitas; lo castigan». Para Barquero, sus últimos resultados electorales -286.000 votos al Congreso, 1.220.000 al Senado- son un chivato de la nueva sensibilidad de los ciudadanos: «Antes los circos usaban a personas con malformaciones para hacer reír, hasta que el público dejó de tolerarlo. Ahora usan animales y la sociedad lo rechaza».

Para Arranz, los circos modernos, como el del Sol, no son rivales de los clásicos. La crisis ha hecho daño, pero como al resto del mundo del espectáculo. La amenaza, apunta, viene de otro lado. Cuatro activistas fueron detenidos tras asaltar la pista del Circo Quirós en plena función en un centro comercial en Madrid. La víspera habían hecho pintadas en los camiones -«Esclavistas, hijos de puta, vais a morir»- y agredieron al gerente por tratar de impedirlo. «No se pueden imponer las ideas por encima de la ley», zanja Arranz.