La Comunitat Valenciana se hace mayor: el gasto en pensiones rompe récords con la jubilación del 'baby boom'

El gasto en pensiones en España ha alcanzado cifras récord. En enero de 2025, la Seguridad Social ha abonado 10.294.786 pensiones a 9,3 millones de personas, lo que ha supuesto un desembolso de 13.432,4 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Este incremento se debe, en parte, a la revalorización de las pensiones aprobada en diciembre de 2024, que elevó las prestaciones en un 2,8% de media y hasta un 9% en el caso de las pensiones mínimas. Según el informe 'Barómetro de las Pensiones' del Instituto Santalucía, elaborado por un grupo de expertos de varias universidades españolas entre los que se encuentran Enrique Devesa, Mar Devesa, y Robert Meneu, profesores de la Universitat de València, el gasto en pensiones públicas en 2025 se acercará a los 216.000 millones de euros, lo que equivale al 12,9% del PIB. Este aumento responde a varios factores, entre los que destacan el envejecimiento de la población, la revalorización de las prestaciones y el incremento del número de beneficiarios.

Entre 2005 y 2024, el importe total de la nómina de pensiones casi se triplicó, pasando de 68.747 millones de euros en 2005 a más de 178.539 millones en 2024. Este crecimiento estuvo acompañado de un incremento significativo en la pensión media, que pasó de 609,75 euros en 2005 a 1.255,43 euros en 2024, marcando una mejora en las prestaciones individuales. En términos de clases de pensiones, las de jubilación son el componente principal del gasto. En 2024, el importe total para pensiones de jubilación superó los 130.758 millones de euros, con una pensión media de 1.442,67 euros.

En la Comunitat, el panorama no es muy diferente. En 2024, el importe total de la nómina de pensiones ascendió a más de 16.913 millones de euros, frente a los 6.234 millones de 2005. La pensión media en la región pasó de 559,34 euros en 2005 a 1.158,39 euros en 2024, lo que refleja una mejora en las prestaciones individuales, pero también un aumento significativo del gasto. La de jubilación ha pasado de los 624,06 euros de media en 2005 a los 1.323,78 en 2024.

Uno de los factores clave que está tensionando el sistema de pensiones es la llegada a la edad de jubilación de la generación del 'baby boom', compuesta por los nacidos entre finales de los años 50 y principios de los 70. Esta generación, que fue clave para el desarrollo económico de España durante décadas y que ha sostenido el gasto en pensiones durante estos años, ahora representa un desafío para la sostenibilidad del sistema. El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a todo el país, pero que se hace especialmente visible en regiones como la Comunitat, donde los mayores de 65 años representan ya el 20% de la población, más de un millón de personas. Según las proyecciones del INE, para 2055, el 30,5% de la población española será mayor de 65 años, lo que supone una inversión de la pirámide poblacional sin precedentes.

Este cambio demográfico tiene un impacto directo en el sistema de pensiones. Esto ha disparado el número de pensiones abonadas en un 1,68% en 2024, el crecimiento más alto desde 2009. En 2024, el número de pensiones en España superó los 10,1 millones, un aumento de más de dos millones respecto a 2005. En la Comunitat, el número de pensiones pasó de 788.000 en 2005 a más de un millón en 2024. Este incremento, sumado a la revalorización de las prestaciones, ha llevado a que el gasto en pensiones se dispare.

Uno de los indicadores más preocupantes para la sostenibilidad del sistema es la ratio de trabajadores activos por pensionista. En 2024, esta ratio se situó en 2,29, lo que significa que poco más de dos trabajadores están financiando la pensión de cada jubilado. Aunque esta cifra ha mejorado ligeramente respecto a 2023, sigue siendo insuficiente para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo. Otros factores determinantes son las mejores carreras de cotización de los trabajadores que llegan a la jubilación y que generan mayores pensiones. Así como el retraso en la edad de jubilación, que hace que los trabajadores coticen más años y logren mayores prestaciones.

Así, mientras que la pensión media del sistema se situó en 2024 en 1.255 euros (1.442 en el caso de las prestaciones de jubilación), la cuantía de las nuevas altas se eleva casi un 11% hasta los 1.650 euros mensuales para los nuevos jubilados. La situación se agrava si tenemos en cuenta que la generación del 'baby boom', que ahora comienza a jubilarse, es una de las más numerosas de la historia reciente de España. Su jubilación masiva representa un cambio estructural que requerirá de nuevas políticas para garantizar que el sistema de pensiones siga siendo sostenible.

Ante este escenario se ponen sobre la mesa diversas medidas que pueden aligerar la carga soportada por el sistema. Una de las medidas más discutidas es incrementar la edad de jubilación y promover una vida laboral más larga, permitiendo a los trabajadores compatibilizar empleo y pensión. Esto no solo aliviaría la presión sobre el sistema, sino que también aprovecharía la experiencia de los trabajadores mayores. Otra propuesta es vincular las pensiones a la esperanza de vida, ajustando su importe según la longevidad de los jubilados, lo que ayudaría a distribuir los recursos de manera más equitativa y sostenible. Sin embargo, ambas medidas generan controversia, ya que podrían percibirse como una reducción de derechos adquiridos.

Otra línea de acción pasa por diversificar las fuentes de financiación, fomentando planes de pensiones privados y complementarios que reduzcan la dependencia del sistema público. Países como Holanda o Dinamarca han demostrado la eficacia de los sistemas mixtos. Además, es crucial implementar políticas públicas sostenibles, como aumentar la recaudación, combatir el fraude fiscal y garantizar una distribución equitativa de los recursos. Estas medidas, aunque técnicas, son esenciales para asegurar que el sistema siga siendo viable en un contexto de envejecimiento poblacional y menor ratio de trabajadores por pensionista.

Finalmente, la solución estructural a largo plazo requiere políticas que incentiven la natalidad y apoyen a las familias, como ayudas económicas, facilidades para la conciliación laboral y medidas que fomenten la estabilidad de los jóvenes. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa, lo que agrava el problema demográfico. Revertir esta tendencia es clave para equilibrar la pirámide poblacional y garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con una jubilación digna. El sistema de pensiones necesita adaptarse, y las decisiones que se tomen ahora serán determinantes para su futuro.