Miles de antiguos becarios valencianos (hoy investigadores), con su jubilación en el limbo

El pasado 1 de mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden que regula la cotización retroactiva de los becarios, permitiendo recuperar hasta cinco años de prácticas no cotizadas, aplicando la base de cotización actual. Esta base será la mínima por contingencias comunes del grupo 7, lo que supone unos 290 euros por mes recuperado. Para muchos antiguos becarios, esto podría significar un desembolso de más de 17.000 euros por cinco años.La comunidad científica ha enfrentado problemas con las becas de investigación, parcialmente resueltos en 2011 con una ley que convertía las becas en contratos de trabajo, otorgando derecho a paro y asistencia sanitaria. Sin embargo, aquellos que trabajaron con becas antes de esa fecha no tenían opciones para recuperar los años anteriores. Con la proximidad de la jubilación, las reivindicaciones se han centrado en conseguir la cotización retroactiva de esos años.Tras las críticas a la orden inicial, el Gobierno ha propuesto modificarla. La nueva propuesta, presentada en la Mesa de Diálogo Social de Pensiones la pasada semana, toma como referencia el 'rescate' de dos años facilitado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

La propuesta de modificación incluye varias mejoras clave. Primero, la base de cotización del convenio especial se adecuará a la base mínima correspondiente al año de la actividad, lo que, por ejemplo, hará que la cuota de 1997 sea de 101 euros. Además, se ampliará el periodo de 'rescate', permitiendo rescatar íntegramente cinco años, incluso en los casos en que ya se rescataron dos años según la regulación de 2011. También se facilitará el fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años, permitiendo, por ejemplo, pagar en cinco años si se rescatan dos. Finalmente, se extenderá la 'ventana' temporal para la suscripción del convenio hasta el 31 de diciembre de 2027, facilitando así el acceso para los interesados.

Sindicatos y asociaciones científicas protestan

Matilde Sancho, representante del sindicato Sattui, ha expresado su descontento con el reciente convenio propuesto para los trabajadores becarios, calificándolo de insuficiente y destacando la necesidad de ser cautelosos con las meras intenciones expresadas hasta ahora. Según el sindicato, el convenio actual ignora a muchos trabajadores cuya beca no estaba ligada a la obtención de un título, sino a proyectos de investigación. La última propuesta del Gobierno ha sido considerada escasa por Sattui, que sigue en contacto con agentes sociales y partidos políticos para presionar por un acuerdo más inclusivo. «A pesar de ser un sindicato pequeño, fuimos los promotores de esta reivindicación en 2019, y hemos buscado apoyos de diferentes sindicatos y organizaciones para lograr la aprobación de un convenio justo», señala Sancho.

El18 de mayo, el sindicato valenciano organizó una concentración en Madrid frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que reclamó el reconocimiento del tiempo trabajado por los becarios de investigación para efectos de jubilación, cotización, antigüedad en la administración pública, carrera profesional y trienios, incluyendo al personal interino en procesos de estabilización. Además, exigen que se paguen solo las cotizaciones correspondientes a los trabajadores y no la parte correspondiente al empleador. El sindicato también pide que el plazo para suscribir el convenio quede abierto de manera permanente o por un periodo más prolongado y que se reconozcan los derechos de los jubilados o incapacitados. Asimismo, solicitan el reconocimiento del tiempo trabajado como becario, incluso sin estar ligado a la obtención de un título, y del trabajo realizado bajo contratos administrativos sin cotización a la Seguridad Social.

Del mismo modo, en representación de doce colectivos científicos, ASEICA, SEBBM, ANIH, CGCOB y ABID han solicitado al Ministerio que incorpore sus propuestas al nuevo convenio. «Es irrenunciable que el empleado asuma solo sus propios costes y no también los del empleador», subrayan las entidades.Aunque consideran positivo que la propuesta del departamento liderado por la ministra Elma Saiz utilice la base de cotización correspondiente al año trabajado, califican de «insuficiente» la orden ministerial modificada. «Esta omite puntos clave como la extensión del período recuperado y los costes a cubrir por los afectados», exponen.Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), destaca que las principales reivindicaciones de las asociaciones científicas afectan a toda la comunidad. «Queremos la oportunidad de recuperar el período trabajado con becas anteriores a 2011. Las becas predoctorales y postdoctorales son trabajos cualificados, no prácticas», afirma Soengas. La nueva ley de la ciencia ya reconoce este tipo de trabajos, pero la actual propuesta del Ministerio no lo contempla plenamente.Señala la presidenta de Aseica que el Ministerio muestra preocupación por un posible «efecto llamada» que podría llevar a otros colectivos a reclamar derechos similares, lo que ha sido un punto de fricción en las negociaciones. Actualmente, las asociaciones científicas están en contacto con representantes de la mesa de diálogo social, donde se decidirán los próximos pasos. Dependiendo de la resolución, intensificarán o no sus medidas reivindicativas.

La voz de los afectados María Jesús Perales, profesora de la Universitat de València (UV), refleja una situación que afecta a muchos académicos de su geneyración. Tras concluir su licenciatura en Pedagogía en 1994, fue becaria FPU (Formación de Profesorado Universitario) de 1995 a 1999, una beca estatal competitiva vinculada a la elaboración de la tesis doctoral y la participación en proyectos de investigación.«En ese momento, no cotizábamos a la seguridad social», explica Perales. «Cuando inicié el proceso en el rectorado, me sorprendió descubrir que no tenía seguridad social. Tenía 24 años y no le di mayor importancia, pero ahora, a mis 52 años, soy consciente de las implicaciones para la jubilación», relata.La propuesta del Gobierno para reconocer estos periodos de beca presenta condiciones difíciles de asumir, según Perales. «Es una buena noticia que se esté negociando una solución, pero conforme está planteado, es muy difícil para las personas que pasamos por esa situación». Por su parte, Estela Climent, Andrea Bernardos y Paula Díez, investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, exigen una solución justa a la falta de cotización durante sus becas predoctorales. Andrea Bernardos y Paula Díez relatan cómo durante sus primeros años de beca FPI no cotizaron a la Seguridad Social, afectando a su futura jubilación. La propuesta inicial del Ministerio, que incluía pagar 290 euros por mes trabajado, fue rechazada por inviable, pero esperan una modificación favorable que contemple la cotización basada en los años trabajados y no en el 2024.

Estela Climent, doctora en Química, destaca que tras finalizar su carrera obtuvo diversas becas de investigación y ahora enfrenta la falta de cotización de 4 años y medio. La regularización de estos años bajo la propuesta inicial sería inasumible económicamente para ella. Además, señala la necesidad de considerar el salario percibido en cada beca para una regularización justa. Las investigadoras recalcan la urgencia de reconocer y cotizar adecuadamente su trabajo en investigación.

Del mismo modo, Yolanda Fernández Torquemada, profesora titular en la Universidad de Alicante (UA), ha criticado la reciente propuesta del Ministerio para regularizar las cotizaciones durante los años de beca doctoral. Con una sólida formación en biología y ciencias del mar, y una tesis doctoral financiada por una beca FPI de la Generalitat Valenciana, Fernández Torquemada señala que la propuesta actual no incluye las becas asociadas a proyectos, como la que ella misma disfrutó tras finalizar su beca FPI. Además, considera excesivo que se pida a los investigadores reembolsar tanto la cuota del empleado como la del empleador, una condición similar a la insatisfactoria propuesta de 2011.

Fernández Torquemada también critica la reducción del grupo de cotización de los investigadores, lo que considera una injusticia ya que se les exigía tener una licenciatura para acceder a las becas. Exige que su trabajo sea reconocido conforme a su categoría profesional. Además, cuestiona el período limitado para acogerse a la propuesta, hasta diciembre de 2027, argumentando que muchos afectados aún no están al tanto de esta opción. La investigadora pide una solución equitativa que reconozca plenamente sus años de trabajo durante las becas sin imponerles cargas financieras desproporcionadas.Alfonso, funcionario de la Generalitat Valenciana, ha expuesto una problemática que afecta a muchos investigadores de su generación. Desde 1985 hasta 1993, Alfonso cursó estudios con becas en la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Complutense de Madrid, donde completó su tesina, tesis doctoral y posgrado. Durante esos ocho años, divididos en periodos de dos y cuatro años, no cotizó a la seguridad social, a pesar de haber trabajado como investigador y profesor universitario.

«Lograr que ese periodo se compute como cotización es crucial para nosotros, ya que sin él es imposible alcanzar la jubilación», explica Alfonso, quien a sus 63 años se enfrenta a un vacío de ocho años en su carrera laboral. En 2011, se permitió regularizar dos años, pero aún le quedan seis sin cotizar. Esta situación es común entre los investigadores de su generación, que acumulan una media de siete a ocho años en becas sin cotización.

Por último, Soledad Almansa, bióloga de la Universidad Miguel Hernández (UMH), se ha convertido en una voz destacada en la lucha por el reconocimiento de los años de beca en el historial laboral de los investigadores. A sus 63 años y con 33 años cotizados, Almansa denuncia la injusticia que supuso trabajar durante aquellos años prácticamente gratis, sin seguro médico, baja por enfermedad ni derechos laborales. «Merecemos que se reconozca nuestro esfuerzo, que contribuyó al avance de la investigación en España», afirma Almansa.

La reciente propuesta del Ministerio, según Almansa, repite los errores de 2011, ignorando las alegaciones presentadas en diciembre de 2023 por los afectados. Los investigadores, que ganaban entre 400 y 600 euros, no pueden afrontar el pago de 290 euros al mes por cotizar, además de la cuota del empleador. Almansa también critica que estos años de beca no cuenten para concursos de méritos por antigüedad y exige que se reconozca a los investigadores como grupo 1 de cotización, en lugar de los grupos 7 o 10. «La investigación en este país ha avanzado gracias a personas como nosotros, que sacrificamos nuestra juventud. Merecemos un reconocimiento justo», concluye Almansa.