Las cinco carreteras en las que algunos vehículos tendrán que pagar peaje en España

Los peajes en las carreteras se han convertido en uno de los grandes asuntos que van a afectar a los conductores en España. Desde 2019 se han revertido miles de kilómetros de autopistas, en tramos de la AP-1, A-2, AP-2, AP-4, A-7. AP-7, B-23, C-31, C-32 y C-33 que han pasado a ser gratuitas, pero el gran caballo de batalla para los próximos años es la implantación de un peaje por uso en las carreteras principales.

Se trata de uno de los compromisos que adquirió España con la Unión Europea a cambio de percibir los millonarios fondos estructurales, pero la situación económica actual ha hecho dudar a los políticos sobre su aplicación en el plazo acordado, a partir de 2024.

Mientras se estudia el mejor momento para poner en práctica este sistema de pago, algunas instituciones de ámbito local han acordado establecer peajes para determinados tipos de vehículos en carreteras de demarcación provincial. Este es el caso de Vizcaya, que en el mes de julio de 2022 aprobó el 'Proyecto de Norma Foral sobre implantación de un canon a vehículos pesados de transporte de mercancías por un uso de determinadas carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia'.

Este proyecto, aprobado en el pleno de las Juntas Generales de Vizcaya celebrado el 20 de julio en Gernika, establece la implantación del peaje a camiones por el uso de cinco carreteras de Bizcaia. Por lo tanto es un peaje solo para vehículos pesados de transporte de mercancías y, de esta manera, los turismos y el resto de vehículos no se verán afectados.

El objetivo es trasladar el tráfico de mercancías a la AP-68 y a la autopista de circunvalación de Bilbao, conocida como Supersur, para descongestionar las carreteras de entorno rural que soportan un alto tránsito de grandes camiones. De esta forma se ha calculado que la contaminación se reducirá un 13% y la siniestralidad un 10% en las vías que pasarán a ser de peaje para los vehículos pesados.

Los tramos afectados son los siguientes:

• A-8 entre Bilbao y la frontera con Cantabria: 19,719 km

• Corredor del Txorierri entre Rontegi y el cruce de Erletxes. 20,18 kilómetros.

• N-636, entre Durango y la muga con Guipúzcoa. 14,37 kilómetros.

•N-240 desde El Gallo hasta la variante de Ubidea. 32,723 kilómetros.

• BI-625 entre Basauri y la muga con Álava en Llodio. 14,75 kilómetros.

Las carreteras que serán de peaje para los camiones no son solo carreteras secundarias, ya que por ejemplo se incluye un tramo de la A-8 y varias nacionales, tramos que en tal suman más de 100 kilometros.

Los peajes para vehículos pesados de más de 3,5 toneladas comenzarán a funcionar «antes de finales de año» en la BI-625, que discurre entre Basauri y Llodio y cruza el puerto de Orduña, y en la N-240, que atraviesa el valle de Arratia y Barazar. Durante 2023, de forma paulatina, se incorporarán la A-8, desde Basurto hasta El Haya; Kanpazar; y el corredor del Txorierri, entre Erletxes y Rontegi.

Habrá grandes arcos que funcionarán bajo un «sistema abierto, con tecnología free flow», que permite abonar el canon sin necesidad de que el vehículo se detenga. Los pórticos están provistos de lectores de matrículas, tanto delanteras como traseras, así como de los equipos necesarios para recoger y procesar los datos de cobro y enviarlos a Interbiak para su procesamiento. Para ello, además de los pórticos, se han instalado banderolas en las entradas/salidas secundarias de la carretera para controlar en todo momento el recorrido que realiza cada vehículo y cobrarle el importe exacto en función de los kilómetros recorridos. «Solo se cobrará el tramo que se utilice», aclaran fuentes forales a El Correo.

De ahí que será necesario que los camiones cuenten con, o bien un dispositivo embarcado (VIA-T) para el pago telemático o una tarjeta de crédito asociada a la matrícula de su vehículo y registrada en Interbiak –en ningún caso se aceptará el pago en metálico–. La Diputación «realizará los trámites pertinentes» para perseguir a aquellos conductores que no abonen el peaje y se les aplicará en un primer momento un recargo del 20% y, si continúan sin pagar, se les abrirá un expediente sancionador.