El Congreso aprueba la primera reforma de la universidad en dos décadas

El texto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ahora pasará al Senado y que podría estar aprobada definitivamente y en vigor en marzo, según los cálculos de su promotor, el ministro Joan Subirats, incluye medidas para acabar con la temporalidad y la precariedad del profesorado universitario, con el amiguismo y los sesgos de género en la adjudicación de plazas, amplía el perfil de los candidatos a rector, impulsa la transferencia de investigación, otorga a los alumnos el derecho a la huelga y blinda una inversión pública mínima del 1% del PIB en 2030.

Estos son algunos de los puntos principales:

El candidato a rector no tendrá por qué ser catedrático ni funcionario. Se abre el cargo a los profesores titulares y a los docentes permanentes doctores a tiempo completo. Solo les piden méritos de investigación y de docencia (cuántos los decidirá cada campus) y experiencia en un cargo de gestión académico unipersonal. Su mandato pasa de 4 a 6 años, pero no habrá reelección. Iguales condiciones de mandato regirán para decanos o jefes de departamento.

La nueva ley deja la fijación del tamaño y los sistemas de elección de los principales órganos de gobernanza (Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social) a universidades y autonomías. Solo especifica que el 25% del Claustro serán alumnos y el 51% profesores, y que en el Consejo de Gobierno habrá un 10% de estudiantes y otro tanto de personal técnico.

La ley recoge que Estado y autonomías tienen que destinar a la universidad para 2030 al menos un 1% del PIB español, la media europea. Hoy es un 0,7% y en los últimos doce años se ha reducido la financiación pública en un 20%. Recibirán al menos una financiación suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento básico (personal, corrientes e inversiones) más otro aporte adicional por objetivos (resultados docentes o de investigación). Los rectores calculan que harán falta entre 2.000 y 3.000 millones más al año para cumplir la ley. Subirats se ha comprometido fijar las inversiones y su calendario en un plan que diseñarán expertos del ministerio y las autonomías.

La carrera docente tendrá como escalones los profesores ayudantes doctores, los profesores titulares o permanentes y los catedráticos. La temporalidad máxima en los campus debe reducirse a menos de la cuarta parte, del 40% actual al 8%. El profesorado funcionario, por contra, debe subir del 51% de la plantilla al 55%. Se crea la figura del profesor sustituto para reemplazar (durante un máximo de tres años) a los fijos con permisos o bajas.

La ley busca acelerar la renovación de los puestos fijos de profesor (el 53% se jubila en ocho años) con un diseño de carrera que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor).

Termina con el fraude de ley de los falsos profesores asociados. Una figura para que profesionales diesen clase a tiempo parcial que acabó a partir de la crisis con docentes a tiempo casi completo y con sueldos pírricos que sostienen muchas universidades. Volverá a ser lo que se pensó. Las universidades tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos que conviertan las 25.000 plazas de asociados que hay en España de contratos temporales a indefinidos a tiempo parcial. Este cambio, además de estabilidad, les permitirá mejores condiciones laborales, garantizando la antigüedad, la indemnización y complementos salariales. Su límite serán 120 horas lectivas por curso. Como régimen transitorio se podrán renovar los contratos actuales de asociados siempre que su plaza se vaya a incluir en un proceso de estabilización.

Los profesores ayudantes doctores recibirán en su primer año de acceso a la docencia universitaria un curso pedagógico para aprender a dar clase.

La ley quiere acabar con el amiguismo y la endogamia. El 70% de los profesores trabaja en el campus en que se doctoró. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber una mayoría de profesores de otras universidades elegidos por sorteo.

Las mujeres son el 55% de tituladas universitarias, pero solo el 41% de las profesoras y el 25% de las catedráticas. Se pretende romper este techo de cristal con medidas como reservar un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También pide paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.

Los alumnos tendrán una mejora notable de derechos. Se garantizará su derecho al paro académico. A parar las clases para acudir a asambleas o protestas sin que nadie pueda impedirlo con la celebración de exámenes o la toma de represalias. Eso sí, la convocatoria debe notificarse oficialmente y debe aprobarla el órgano de representación de los alumnos.

Las tasas universitarias ya no las fijarán el ministerio y las autonomías reunidos en el Consejo General de Política Universitaria, como hasta ahora. Las pondrán las comunidades, pero siempre «dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos».

A raíz del escándalo de los gritos e insultos machistas del colegio mayor madrileño Elías Ahuja, se introdujo una enmienda en la LOSU por la que las universidades públicas no renovarán su adscripción como colegios mayores a las residencias de estudiantes que segregan por sexos, con lo que perderán prestigio, dinero y acceso a servicios del campus.

Las universidades van a jugar un papel central en la actualización de conocimientos profesionales a lo largo de la vida. Ahora solo un 6% de los estudiantes tienen más de 30 años. Ofertarán microgrados de reciclaje, flexibles, de corta duración (semanas o pocos meses), pero con validez académica. Para titulados, pero también para profesionales que acrediten que tienen el nivel suficiente de experiencia y capacitación para recibirlos. Los titulados tendrán preferencia para cursarlos en su antigua universidad.

Los estudiantes extranjeros que vengan a cursar grados o máster tendrán visado para la duración completa de los estudios e, incluso, para hacer prácticas dos años después. Otra novedad son los contratos de «profesores distinguidos». Un instrumento que permite el fichaje temporal de científicos de renombre mundial.

Prevé toda una batería de medidas para favorecer la investigación y la transferencia de innovación a la sociedad. Obliga a que todas las universidades inviertan al menos un 5% de su presupuesto en este área y a reservar al menos el 15% de las plazas docentes para investigadores.

Las universidades deberán tener servicio de atención a la discapacidad, un cupo de reserva de plazas de profesor y PAS para este colectivo y facilitar la docencia en lenguaje de signos. También deberán tener un plan de inclusión y no discriminación por discapacidad, etnia, origen, sexo o identidad sexual.

La ley también manda a las universidades que garanticen la participación de los alumnos en las comisiones de la facultad o la institución donde se analiza la evaluación de los docentes, donde se diseñan los planes de estudio y temarios y donde se decide cómo serán los exámenes y pruebas a los estudiantes.

Los alumnos también deberán contar en todos los campus con un nuevo órgano de representación, el Consejo de Estudiantes, con una unidad que garantice que reciben atención para su salud psíquica y emocional, con estructuras de mentoría (alumnos de tercero o cuarto curso guiando al comienzo del año a los de primero) y con equipos de orientación profesional para ayudar a los estudiantes a encauzar sus intereses.