La concertada alerta del cierre de centros y augura protestas por la 'ley Celaá'

«Puede condicionar la viabilidad de algunos centros«. Mariano Vivancos, gerente de la Federación de Centros de Valencia (Feceval), criticó duramente el proyecto de ley orgánica educativa que ayer llegó al Congreso por primera vez. Pero ni mucho menos fue el único: padres, profesores y sindicatos arremetieron contra un texto, la llamada Lomloe o 'ley Celaá', que nace »sin consenso« y que puede provocar durante el próximo curso, y hasta que teóricamente entre en vigor, en septiembre de 2021, una respuesta en forma de protestas en las calles y medidas de presión, «porque hay muchos sectores que pueden verse afectados».

En la falta de consenso también coincidió con Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad de la Comunitat. Ambos han puesto sobre la mesa que se vulnere la libertad de elección de las familias, que quedará «subordinada a la planificación de las administraciones educativas», señaló Vivancos.

Además de las «prisas» que han llevado a tramitar un proyecto legal en un momento de suspensión de plazos en todo el país, como apuntaron desde Feceval, desde Concapa también coincidieron en señalar el «enorme retroceso» que supondrá una ley que, según apuntaron desde Feceval, es «improbable» que pueda atender a las actuales necesidades tras el Covid-19 cuando se redactó hace dos años, por lo que será difícil que cierre «la brecha educativa ampliada por la crisis sanitaria».

No son muy optimistas con los resultados que esta ley provocaría en el caso de aprobarse así: «Supone una vuelta a la vieja LOE, que provocó un descenso de los rendimientos académicos generales. Convierte a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública, algo constitucionalmente inadmisible», acusó Vivancos.

Además, este proyecto de ley, según Vicente Morro, «se aleja, en muchos de sus planteamientos, de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional en materia educativa«.

Se trata de un documento «exclusivamente ideológico, que pretende obtener por los votos de una mayoría parlamentaria inestable y coyuntural lo que los tribunales, la legislación vigente, los pactos y tratados internacionales válidamente ratificados por España y la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad les han negado reiteradamente».

La atención a los alumnos con necesidades especiales también es punto de crítica. Desde Concapa apuntaron que el traspaso progresivo de este alumnado a la red ordinaria crearía «una verdadera discriminación educativa», ya que son los centros de educación especial los preparados: «El estrangulamiento económico de los mismos generaría el abandono escolar temprano de este alumnado y de sus familias. Es irreal creer que es posible, y sobre todo conveniente, la integración de estos alumnos, que necesitan una atención distinta en aras a su desarrollo integral». Desde Feceval coincidieron en señalar que estos centros no serán cerrados directamente pero «van a ser asfixiados intentando que todos los alumnos vayan a centros ordinarios«.

Sindicatos como FSIE fueron más allá y pidieron que se aplace la nueva ley al existir prioridades más urgentes como la organización del próximo curso escolar. Desde el sindicato apuntaron que, si no se aplaza la tramitación, al menos se debe intentar llegar a acuerdos «con un alto grado de consenso que mejoren el texto».