El Estado debe invertir 3.180 millones más al año para rescatar a la universidad

La cifra, que supondría un incremento superior al 15%, llenaría de contenido el compromiso del artículo 55 de la LOSU, la nueva ley de universidades, que marca como objetivo para 2030 destinar el 1% del PIB español al sostenimiento y mejora de los campus. El informe de CRUE, elaborado por Juan Hernández y José Antonio Pérez, no solo fija cuánto costará devolver la suficiencia financiera a la universidades sino que indica quién debería poner el dinero y cómo debería repartirse para avanzar en la igualdad de los jóvenes españoles, vivan donde vivan, sean ricos o pobres.

Los 3.180 millones extra terminarían con las miserias de los campus públicos, muchos al borde del colapso económico, que aún no han recuperado la financiación que tenían en 2009 y que vieron como en la primera mitad de la pasada década les recortaban un 20% las subvenciones. El compromiso de la LOSU acerca a la universidad española a sus homólogas de la OCDE y la UE, con unos ingresos medios un 30% superiores.

¿Y quién debe pagar la factura? Los rectores lo tienen claro. La mayor parte debe salir del Gobierno. La razón, dicen, es doble. En primer lugar, porque se trata de aplicar una reforma impulsada directamente por el Ejecutivo, con las comunidades, las competentes en educación superior, como simples espectadoras.

Y en segundo lugar, porque defienden que, en lo que va de siglo, han sido las autonomías quienes han estrujado sus presupuestos para mejorar la financiación de los campus, con un incremento de fondos del 88% desde 1996, año en que la última comunidad, Baleares, asumió la competencia. Han subido la financiación del 0,36% del PIB nacional al 0,68% pese a que sus ingresos en ese tiempo no mejoraron más del 11%.

CRUE también tiene claro cómo debe hacerse el reparto de la financiación extra para avanzar en equidad. Como fórmula general pide una financiación estable y con planificación plurianual que asegure los gastos de funcionamiento estructural de las universidades, pero que también incluya programas que premien el cumplimiento de objetivos e incentiven las políticas de excelencia.

Defienden que la distribución del grueso de los 3.180 millones no puede limitarse a completar los recursos hasta el 1% del PIB regional. Eso dispararía unas desigualdades que hoy ya son escandalosas y que proceden de un cicatero y desigual traspaso de competencias. El resultado es que hoy las diferencias de gasto por estudiante según la autonomía llegan al 57%. Los expertos dicen que parar avanzar hacia un reequilibrio al menos 1.350 de los millones extra deben favorecer a las comunidades con menos recursos. Si no se hace así, si se usa solo el concepto 1% del PIB para todas, calculan que las diferencias de fondos por estudiante podrían dispararse a más del 80%.

El segundo destino preferente de los fondos extra que aconsejan es un aumento del presupuesto anual de becas de 1.000 millones concentrado en asegurar que los jóvenes con menos recursos reciben la ayuda suficiente para poder llegar a la universidad o para no tener que abandonar la carrera. El informe indica que aunque la los fondos para becas han crecido un 40% desde 2018 aún queda mucho para alcanzar el esfuerzo medio en la UE, que es casi el doble del español.

El tercer destino prioritario de este dinero sería, además, el más urgente. El documento indica que el cumplimiento por las universidades de las condiciones laborales que la LOSU exige para sus profesores tendrá al final de esta década un coste anual adicional mínimo de unos 844 millones. Es el desembolso necesario para cumplir con las limitaciones horarias, la reducción de la temporalidad -del 40% al 8%-, la ampliación de plantillas, la mejora de condiciones de trabajo o el aumento de los costes en cotizaciones sociales obligado por la reforma legal.

Los rectores indican que el Gobierno debe liberar estos fondos en paralelo al ritmo de aplicación de la LOSU, pero en especial subrayan que los Presupuestos del Estado de 2024 ya deben incluir los primeros 400 millones, para poder cumplir con la exigencia legal de limitar el horario docente de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente. Su advertencia a la ministra de Universidades, Diana Morant, es nítida: «De no producirse esta financiación, la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas».