El fraude que se esconde detrás de los números 118

Los números 118 sirven para recibir información telefónica como teléfonos de otro abonado o el de un restaurante, según explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su blog.

Según un Informe del organismo, una llamada a un número 118 por un tiempo medio cuesta como mínimo 1,88 y como máximo 11,92 euros, el precio medio por su parte se eleva a 5,56 euros.

La CNMC denuncia los casos en que se llega a hacer un mal uso de la numeración. Como por ejemplo cuando los operadores ofrecen servicios de tarot directamente a través de esta, desviando las llamadas de los usuarios sin su consentimiento a servicios de adivinación y para adultos. Por otra parte critican la captación de llamadas mediante el uso de técnicas engañosas como SMS o anuncios en webs. Además de la prolongación su duración, o la desviación del tráfico telefónico a empresas gestionadas por ellos mismos.

La semana pasada, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó una modificación a la Orden que regula las condiciones que deben cumplir las entidades que se dediquen a la prestación de este servicio, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En un texto la organización lamenta la insuficiencia de estas medias que según ella solo sirve a reducir el fraude pero no lo hace desaparecer completamente. Según ellos con la nueva normativa, este se reducíra a 25 euros por llamada.

El propósito de la normativa es reclamar una mayor información para el usuario y limitar el coste de estas llamadas, mediante la eliminación del establecimiento de llamada, también reduce su duración a 10 minutos y requiere una autorización expresa para los servicios con un coste superior a 2,5 euros por minuto.

Lo que pide la OCU consiste en la obtención por parte del usuario del derecho de desconectar el servicio si así lo desea como también la imposibilidad de cortar el servicio por impago de llamadas reclamadas.

Exigen además que la numeración “118”, sea desactivada por defecto, ya que se trata de un servicio de tarificación adicional. Por otra parte evocan la necesidad de precisar las consecuencias y sanciones que el incumplimiento de esta normativa provoque tanto para el prestador del servicio como para el operador de red.