La ley aclara qué reformas no están permitidas en una comunidad de vecinos

Cuando una persona es propietaria suele ser habitual que cambie algunos aspectos de la vivienda para hacerla más de su agrado. Cada año se realizan millones de reformas en nuestro país, según datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Las más comunes suelen ser la optimización de espacios, renovación de los acabados y actualización de las instalaciones. Sin embargo, no es un proceso que se pueda hacer a la ligera. Para poder llevarlo a cabo es necesario contar con los permisos necesarios del ayuntamiento o de otras autoridades locales, especialmente para reformas estructurales o cambios en fachadas de edificios históricos. De esta manera se consigue evitar problemas y garantizar la estabilidad del inmueble.

Existen algunas restricciones muy estrictas para evitar alteraciones que pueden dañar la estructura del edificio. Algunas de ellas son derribar paredes, techos o muros de la vivienda. Además, los cambios en la fachada están muy regulados. Especialmente siesta tiene valor histórico. En esos casos, ni siquiera la Comunidad de Vecinos tiene permiso para realizar cambios en la fachada.

En cuánto a las obras en zonas comunes, estas requieren el consenso de los propietarios. Incluye la fachada o cualquier modificación significativa en los elementos comunes o en el título constitutivo de la propiedad. Las reformas que afectan la fachada, los servicios compartidos o las cuotas de participación deben ser aprobadas por todos para garantizar la cohesión y el bienestar de la comunidad.

Si un vecino particular decide no acatar las ordenanzas y comenzar unas obras en el edificio el presidente de la comunidad puede ordenar la paralización inmediata de las obras ilegales y se pueden emprender acciones legales contra los responsables.

Cada comunidad autónoma impone sus propias sanciones en este sentido. Por ejemplo, Madrid es la más disciplinaria al imponer las multas por obras sin licencia más caras de España. Por el contrario, Cantabria es la más laxa, pudiendo imponer sanciones pírricas en comparación con otras zonas del país.

La horquilla de la multa económica está entre los 150 euros (en el caso más asequible), hasta superar el millón de euros (en el caso más grave).

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