Una ley permitirá adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías y militares con discapacidad

El proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar el despido automático de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente sigue adelante. Y además incorpora novedades.

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso aprobó el texto esta semana, que ahora sigue su tramitación, menos sinuosa, en el Senado, y al mismo tiempo introdujo una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.

Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.

El objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva.

Según la ley, las empresas pueden ahorrarse la adaptación del puesto de trabajo si ello le supone una «carga excesiva», pero se ha incorporado una enmienda de Podemos para precisar que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pargar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa «carga excesiva».

El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que lo ha rechazado por entender que «deja en el aire» la garantía de las prestaciones por incapacidad permanente total porque «ya no depedenderán del Estado sino de la viabilidad de cada empresa».

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe también ha asegurado que la norma «penalizará» al trabajador con discpacacidad debido a que si se le reubica en la misma empresa para ejercer otro trabajo, «perderá la pensión». Igualmente, ha advertido de que se pone en riesgo a los pensionistas con incapacidad permanente porque «se abre la puerta a que puedan seguir trabajando, algo que según sentencia del Tribunal Supremo es incompatible».

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido esta aprobación por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, una «discriminación histórica que aún subsistía» en el ordenamiento jurídico-laboral.

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