La marejada de los deslindes de la costa valenciana

Más de 3.000 viviendas y negocios (restaurantes sobre todo ) están en jaque. La gota que ha colmado el vaso, y que ha hecho que el Ejecutivo autonómico inicie un pulso con el Gobierno central para regular el litoral, ha llegado desde Dénia. La perla del turismo valenciano (y español) junto a Benidorm. En lo que va de año, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la incoación de expedientes de deslinde. O lo que es lo mismo, la nueva línea que traza la Ley de Costas atraviesa urbanizaciones, parte en dos locales emblemáticos junto al mar y solivianta a cientos de propietarios. Asociaciones vecinales y la plataforma Somos Mediterrania ya se han lanzado a la calle por los posible derribos.

El foco está en Dénia. Pero la amenaza de los deslindes alcanza a otros municipio costeros como Sagunto, Bellreguard, Alicante o Cabanes. La suiza Genevieve Chiche se llama con tristeza ahora «okupa legal». Su madre compró un chalé en primera línea hace medio siglo que ahora la Ley de Costas amenaza con definir como de «dominio público». O Sebastián Alcaraz, con un restaurante en el foco en Les Deveses. «Somos dos familias que llevamos trabajando y viviendo allí y nos dejan en la ruina».

La asociación Afectados por la Ley de Costas en Dénia, que incluso ha llevado ante el Tribunal Supremo el reglamento, ha cifrado en 3.617 los inmuebles perjudicados por los deslindes. Más de un centenar pasarán a ser de dominio público, lo que implicará que los dueños dejarán de serlo. A modo de pírrica indemnización, el Estado les concederá un derecho de ocupación por 30 años, prorrogable. Pero la casa ya no será suya. A esa cantidad se le suman otros 135 inmuebles que quedan afectados por la servidumbre de tránsito. Eso supondría que deberían demoler la parte de esa servidumbre, pues debe quedar libre para el uso público peatonal, así como para los vehículos de vigilancia y salvamento.

A la lista de agravios se suman 3.379 propietarios a los que se les aplicaría la servidumbre de protección. Con esa catalogación no se les permitirá ampliar el volumen, altura ni la superficie de la edificación existente. Sólo podrían llevar a cabo trabajos de reparación o consolidación.

Y los afectados estallaron. Llegó la marejada por la Ley de Costas. Se sentían indefensos ante una norma que busca proteger el litoral pero que les arrebata la propiedad de sus casas. Inmuebles familares desde hace décadas. Cuando se construyeron cumplían la legalidad de la época. Tenían el mar incluso a más de 60 metros. Ahora el 'tsunami' de la ley amenaza con llevárselo todo.

Ese malestar y esa frustración se plasmaron el pasado 4 de noviembre en una manifestación en la que centenares de vecinos recorrieron Dénia para clamar contra la Ley de Costas. Una protesta que se producía unos días antes de que la Demarcación de Costas en Alicante celebrara el acto de apeo. Pero nada detuvo la maquinaria burocrática. Los técnicos del Ministerio desembarcaron esta semana en las viviendas y propiedades de los afectados. Entre cascos, chalecos amarillos e instrumental topográfico comenzaron a trazar 'in situ' los deslindes.

Los dueños contemplaron impotentes cómo los emisarios del Gobierno acudieron a viviendas, jardines de urbanizaciones o playas, donde pintaron marcas de color rosa y clavaron estacas en la línea que delimitará el dominio público. Algún vecino llegó a denunciar que habían entrado en su propiedad sin su permiso. La marejada va camino de mar gruesa.

El 'tsunami' amenaza otros puntos de la costa valenciana. Puçol tiene programado el acto de apeo para el próximo miércoles. Allí la línea de dominio público se ha retrasado y se come nada menos que el paseo marítimo, por lo que el Ayuntamiento presentará alegaciones. Allí no hay casas que pasen a dominio público, pero sí que están afectadas por servidumbres de paso y de protección. Lo mismo le sucede a Bellreguard, donde todavía no hay fecha para el apeo, pero al menos unas 200 viviendas entran dentro de las servidumbres.

El colectivo Somos Mediterránia ya impulsó movilizaciones este año en distintas ciudades. Y el Ministerio baraja realizar deslindes en otras localidades de la Comunitat, de manera que las protestas podrían reavivarse.

Ante este malestar e indignación de las personas con propiedades que se han visto afectadas por los deslindes, la Generalitat Valenciana ha movido ficha al anunciar que incluso acudirá a los tribunales. Y el Gobierno central no descarta llevar al Constitucional la inminente Ley de Costas valenciana, como ya hizo con la gallega. La guerra institucional por el litoral está servida. El director general de Costas, Vicente Martínez Mus, ya presentó alegaciones durante el apeo en Dénia. Califica las normas de «injustas y arbitrarias» y el gobierno autonómico comparte el sentimiento de enfado de los vecinos afectados.

La prueba más contundente de ese respaldo la ha ofrecido el Consell, con el presidente Carlos Mazón al frente, al dar los primeros pasos para asumir competencias para encargarse de regular el litoral valenciano. Esta es la norma que desde el Ministerio ya observan con lupa por si acaba en el Tribunal Constitucional. Así le pasó a Galicia.

La maquinaria legislativa de la Comunitat no se detiene. Este viernes se dio luz verde a la puesta en marcha de una normativa autonómica que permita ampliar las competencias de la Generalitat en materia de gestión de la costa, como ya ocurre en otras regiones del territorio español. De hecho, hay autonomías que tienen transferidas las competencias. Ese es el caso de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Galicia. Ahora la valenciana quiere unirse a ese grupo.

La Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que es el título de esta nueva legislación, permitiría al Ejecutivo autonómico recuperar la jurisdicción sobre el litoral, que en estos momentos recae en el Gobierno central. El Consell considera que esto sería factible amparándose en el Estatuto de autonomía, en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las disposiciones de la Unión Europea. Mientras, miles de propietarios de viviendas que hasta ahora miraban plácidamente al mar, no levantan la vista de las estacas y las líneas rosas que amenazan sus propiedades, su pasado y su futuro.