¿Penas de cárcel por matar a una rata en tu casa?: Lo que dice la nueva Ley de Bienestar Animal

España uno de cada tres hogares convive con una mascota y hay más de 13 millones de animales de compañía censados e identificados. Y con el objetivo de regular su reconocimiento y protección nace la nueva Ley de Bienestar Animal que, además, pretende implementar mecanismos legales que fomenten su protección y prevenir el alto grado de abandono en nuestro país. Y es que, según la Fundación Affinity, se abandonan de media unos 460 perros al día.

Sin embargo, la norma, que ya cuenta con la aprobación del Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el pasado mes de marzo, pero no entrará en vigor, previsiblemente, hasta el próximo 29 de septiembre, genera multitud de dudas entre quienes tienen mascotas. No en vano, la revista Consumer ha advertido que esta nueva ley tiene «algunos flecos» por los cuales otorga derechos a muchos animales que antes no los tenían.

Es el caso de las ratas, que hasta ahora no gozaban de ningún tipo de protección y ahora pasan a tenerla con el nuevo redactado. «Al ser vertebrados, matarlas está penado con entre 6 y 18 meses de prisión. Ahora bien, matar a uno de estos roedores no estará penado si se actúa en defensa propia, se trata de un miedo insuperable o se actúa de manera profesional (control de plagas)», especifican.

Otro dato a destacar que se recoge en la revista Consumer, es que los dueños de perros, gatos o hurones deberán evitar la reproducción del animal, ya sea sometiéndolo a una esterilización quirúrgica o tomando medidas preventivas (como evitar que el animal se junte con otros animales sin control). «Si no lo evitan, podrían enfrentarse a sanciones de entre 500 y 10.000 euros», explican.

Consumer indica que «los perros, gatos y hurones que vayan a ser dados en adopción deben ser esterilizados previamente o, en su defecto, el dueño debe asumir un compromiso de esterilización o no reproducción si el animal no tiene la edad o no se dan las condiciones suficientes para realizar la cirugía. Respecto a otras especies de animales, la decisión de esterilización se realizará según los criterios del veterinario». El objetivo, destcan es «evitar que se disparen las poblaciones de animales y reducir así el abandono».

Además, desde Consumer indican que la persona responsable del animal estará obligada a mantenerlo «en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable». También está prohibido dejar a un animal sin supervisión. Pero ¿qué ocurre si el animal desaparece o es robado? En ese caso, añaden, es obligatorio comunicarlo a las autoridades pertinentes en un plazo máximo de 48 horas.

El dueño debe prestar también los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y el dueño será también el responsable de los posibles daños, perjuicios o molestias que este pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural.

¿Qué se entiende como infracción leve? (Multas de 500 a 10.000 euros) Por ejemplo, es permitir que los animales deambulen por espacios públicos sin supervisión, no tener contratado un seguro de responsabilidad civil o no esterilizar a los animales que tengan acceso no controlado a otros animales.

¿Qué se entiende como infracción grave? (Multas entre 10.001 y 50.000 euros) La ley considera el uso de métodos agresivos o violentos en la educación del animal (como los collares eléctricos, de impulso, castigo o ahogo), el abandono o dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos (en el caso de los perros, 24 horas) y mantener de forma permanente a perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

¿Qué se entiende como infracción muy grave? (Multas entre 50.001 y 200.000 euros) Se recoge la eutanasia de animales con medios inadecuados, el adiestramiento y uso de animales para peleas, dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados, o la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas.

La ley prohíbe también la venta directa de cualquier tipo de animal de compañía a través de internet o cualquier medio o aplicación telemáticos. También en tiendas de mascotas o por particulares. Solo se podrán adquirir a criadores registrados y sin la intervención de intermediarios. Los perros y gatos deben tener, al menos, dos meses de edad en el momento de la venta. La adopción solo puede realizarse a través de centros públicos de protección animal o de entidades registradas.

La ley entrará en vigor previsiblemente el próximo 29 septiembre de 2023. En cualquier caso, y no se aplicará con efectos retroactivos en lo que se refiere a las especies que no estén definitivamente incluidas en el listado. Lo que sí tendrán que hacer los propietarios es notificar la tenencia de estos animales en un plazo máximo de seis meses, aunque la normativa todavía no ha especificado cómo y dónde hacerlo

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