La nueva enmienda 'antiokupa' que permitirá agilizar los desalojos

A falta de conocer datos del 2024, en el 2023 hubo un total de 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, según el Ministerio del Interior. Esto hace una media de casi 42 al día. Sin duda, la okupación es una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Especialmente de aquellos que tienen una segunda residencia. Si se enfretan a esta situación, los propietarios deben llamar a la policía ya que puede actuar y desalojar a los okupas cuando detectan el delito en curso o es muy reciente. Puede desalojarlos sin una orden judicial siempre y cuando haya testigos y pruebas claras.

La policía actúa rápidamente ante lo que se conoce como delito grave, es decir, un allanamiento de morada, siempre que se trate de la vivienda habitual. La actuación puede realizarse sin la necesidad de una orden judicial. Si hay violencia o intimidación contra los propietarios, se puede considerar como una emergencia en la que se debe actuar sin la necesidad de procedimientos legales de por medio.

Sin embargo, si la okupación se produce en una segunda vivienda la situación legal cambia ya que no se considera allanamiento de morada, sino usurpación. Pese a que es ilegal, requiere un proceso judicial para que el desalojo sea autorizado, lo cual puede llevar más tiempo.

El pasado 14 de noviembre se aprobó una enmienda del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados que ha introducido un importante cambio legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Permite acelerar los desahicios en caso de okupación por allamiento de morada.

La modificicación se centra concretamente en el artículo 795.1 de la LECrim para que los allanamientos de morada y las usurpaciones de morada pasen a tramitarse como delitos por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales. A esto se le conoce popularmente como juicios rápidos.

Los grupos que votaron a favor fueron el Partido Popular (PP), Junts, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Vox se abstuvo y en contra votaron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG).

Sin embargo, Bildu y ERC ya han anuciado que «se equivocaron» votando a favor y han prometido ponerse en contacto con los colectivos y asociaciones que se vean afectados con su error además de prometer soluciones. Aún así, la enmienda ya ha sido introducida en la ley y llevada al Senado. El PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta por lo que no está previsto que se revoque.

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