La nueva ley de servicios sociales que pretende unificar las prestaciones mínimas: claves y novedades

La primera ley estatal de servicios sociales de la democracia coge forma. El objetivo primordial del por ahora anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros, será fijar una cartera mínima de derechos, servicios y prestaciones en todo el territorio español a la que cualquier ciudadano tenga acceso viva donde viva y gobierne quien gobierne.

Entre las novedades que introduce la ley, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora mismo se produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado; o la eliminación del requisito del empadronamiento para acceder a estos servicios.

Otro de los objetivos de la ley es, según el Ministerio, reforzar el sistema y la orientación del mismo hacia una atención «más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso« a la protección social y sentando las bases de un nuevo modelo de servicios sociales.

Además, se procederá a la creación de la Historia Social Única para cada usuario de los servicios sociales, es decir, un expediente con todos los datos, diagnóstico y apoyos recibidos. Esta medida también incluye que los usuarios tendrán derecho a contar con un profesional de referencia que les oriente. Asimismo, se incluirá la variable del sexo «para facilitar la incorporación de la perspectiva de género» y «avanzar en nuevas estrategias que permitan mejorar la medición de las desigualdades debidas al género», según se describe en el texto.

Tampoco quedará excluida de la cobertura de la red de servicios sociales ninguna persona, por no disponer de recursos económicos, todo ello, con el fin de simplificar el acceso a estos derechos, según la ley.

En esta misma línea, la nueva norma establece que cuando una persona haya accedido al uso de un servicio o prestación básica en una comunidad autónoma, y se traslade a vivir a otra, ya sea de forma temporal o permanente, podrá mantener ese servicio o prestación en el lugar de destino, a diferencia de lo que ocurre ahora.

REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS AYUDAS URGENTES

Finalmente, se desarrollará una normativa específica para garantizar que las ayudas de emergencia o urgencia social sean ágiles: «Si las necesidades son urgentes, las ayudas deben serlo también», ha señalado Belarra.

En concreto, da un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio competente en servicios sociales presenten esta nueva regulación.

Por otro lado, la norma incluye la creación de un Observatorio en Servicios Sociales, un grupo de trabajo, formado por personas de las administraciones públicas, entidades del tercer sector, universidades, organizaciones profesionales y expertos, para el debate y análisis en torno a los servicios sociales; de una Comisión Interministerial para la coordinación de las políticas sociales vinculadas con los servicios sociales, y de un Consejo Asesor en Servicios Sociales.

Además, la ley cambia la denominación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que pasará a denominarse Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, y que será el instrumento de coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones autonómicas y la administración central.

Igualmente, establece que el Ministerio competente en la materia de servicios sociales y el Ministerio de Hacienda deberán llevar a cabo los estudios y trabajos pertinentes para la creación de un Centro Estatal de Referencia en Innovación Social y Servicios Sociales (CERISS).

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