Llega el préstamo de sillas de ruedas y andadores para las personas dependientes

Préstamo de sillas de ruedas, andadores, grúas, camas asistidas... Esta es una de las propuestas que figuran en el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que ha sido aprobado por el Consejo de MInistros y al que le queda aún un largo camino por recorrer.

El borrador amplía el catálogo de servicios con tres novedades, algunas de ellas ya puestas en práctica en algunas comunidades autónomas: el 'cohousing' o modelos de vivienda colaborativa, el servicio de asistencia personal y el préstamo de material para facilitar la autonomía del dependiente en su domicilio. En este caso podrá haber un servicio autonómico de préstamo o cesión temporal de productos e incluiría accesorios imprescindibles como las sillas de ruedas o los andadores, entre otros.

Según fuentes ministeriales, respecto a este catálogo de servicios, la ley establece que las cuantías y condiciones de los servicios corresponden al Consejo territorial para luego determinarse en el Real Decreto por el que se regulan las prestaciones. Por tanto, una vez se apruebe la ley, se deberá actualizar ese Real Decreto (tras acuerdo en consejo territorial), para que se modifique en la normativa de las CCAA.

Pero esta no es la única novedad que incorpora la reforma que ha iniciado en febrero un largo camino. También se pretende ampliar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que también pueda recibir la ayuda cuando el cuidado sea prestado por amigos u otras personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas.

Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico. Se elimina también la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo, permitiendo que se oriente a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Además, el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, incluye como medidas estrella el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con algún grado de dependencia y la supresión de las incompatibilidades entre las prestaciones.

La reforma también se centra en garantizar el derecho a la elección y la permanencia en el entorno comunitario. Así, la asignación de residencias se basará en las preferencias del usuario y se respetará su puesto de la lista de espera en caso de falta de disponibilidad; se garantiza una atención libre de sujeciones, que solo se podrán utilizar en situaciones excepcionales, y se refuerza el derecho a acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, para evitar la situación vivida durante la pandemia, explica Europa Press.

También se incluye un nuevo artículo que reconoce los derechos de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo el derecho a recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional; a obtener información comprensible y accesible, y a disponer de medidas para la conciliación.

Al mismo tiempo, se establece un «procedimiento de urgencia» para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.

Actualmente, el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a un total de 1.644.073 personas, casi 260.000 personas más con derecho a prestación que a inicios del año 2020, lo que supone un incremento de casi el 19%, según datos del Ministerio de Derechos Sociales. Además, en el último año, han ingresado en el sistema 77.409 personas, lo que representa un incremento del 5%.

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