Reclaman un pacto de Estado para frenar los discursos de odio

Una docena de organizaciones sociales y sindicales, la gran mayoría de las que trabajan desde hace años por los derechos de los colectivos sociales más marginados en España, se conjuraron solo unas horas después para lograr que una imagen como esa no vuelva a repetirse.

Emplazaron al Gobierno, al resto de poderes públicos y los partidos políticos a que sellen con la máxima urgencia un pacto de Estado que ponga freno al enorme crecimiento de los discursos de odio en la vida pública y que los erradique de las instituciones.

Las principales organizaciones LGTBI, de ciudadanos con discapacidad o con VIH, las ONG de ayuda a inmigrantes y sinhogar, los sindicatos CC OO y UGT, el Secretariado Gitano y el Consejo de la Juventud han elaborado, tras un año y medio de debates, el borrador con la batería de medidas y actuaciones que debería incluir este pacto de Estado, que no tienen duda que tendría que empezar con un pronunciamiento político rotundo en todas las instituciones.

Defienden que Gobierno y partidos deben sellar un acuerdo institucional que blinde los derechos de todas las minorías, rechace cualquier discurso de odio, se solidarice con las víctimas y, de manera muy especial, aísle y denuncie con claridad a quienes estigmatizan y señalan a los colectivos más vulnerables para denigrarlos o culparles de problemas reales o imaginarios. La finalidad de este pronunciamiento es que se comprometan con impedir cualquier paso atrás en los derechos ya conquistados y con erradicar el discurso del odio de las instituciones españolas.

El pacto persigue complementar este objetivo político clave con otros dos: impulsar desde el Estado acciones que protejan a las minorías e informar a las víctimas potenciales de sus derechos y de las herramientas que tienen a su alcance para la defensa, la denuncia y el resarcimiento. «Se necesita una acción decidida por parte de la sociedad y de los partidos para frenar en seco el aumento del odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad en España antes de que sea demasiado tarde», resumió en nombre del resto Uge Sangil, presidenta de la federación estatal LGTBI e impulsora del manifiesto.

Todas las organizaciones alertan a administraciones y partidos sobre la urgencia del pacto porque creen que la convivencia social y los derechos ciudadanos están «en riesgo» por la enorme proliferación de discursos de odio, que han coincidido, subrayan, con la entrada de la extrema derecha en las instituciones en toda Europa. «El señalamiento por parte de algunos representantes políticos de estos grupos tiene un efecto terrible y desmedido porque canaliza las frustraciones de la población contra personas que tienen dificultades para defenderse debido a su situación de desigualdad. Alimentan las agresiones y las discriminaciones y ponen en riesgo la convivencia social», añadió Sangil.

No tienen duda que más discurso estigmatizador se traduce en más delitos de odio. Este tipo de agresiones, insultos, amenazas o vejaciones no han dejado de crecer en los últimos años, con otro 6% de subida en 2021, pese a que se cree que no se denuncian ni el 20% de los existentes.

La batería de acciones del pacto de Estado, cuyos miembros deberían evaluar su cumplimiento al menos una vez al año, incluye campañas de sensibilización de la población contra los discursos de odio y de información a las potenciales víctimas de sus derechos y de los medios para denunciar los ataques. También pide un análisis estadístico detallado de esta lacra, la instauración de protocolos antiacoso y antidiscriminación en los centros de trabajo y la formación específica para mejorar la prevención, la detección precoz y evitar las situaciones de revictimización en las administraciones públicas, los juzgados y comisarías, las escuelas y los centros sanitarios.

Estas organizaciones civiles entienden indispensable que los poderes públicos desplieguen todo el potencial de las leyes antidiscriminación aprobadas, así como sus controles, y que mejoren la regulación penal de los delitos. De igual manera, recomiendan dos acciones muy concretas. Perseguir y sancionar los discursos de odio que proliferan en las redes sociales y facilitar las denuncias por parte de los inmigrantes sin papeles garantizándoles que no supondrá el inicio de un expediente de expulsión.