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manuel garcía
VALENCIA
Jueves, 28 de enero 2021
Hasta tres pinchazos deberán recibir, si no hay rectificación, los cargos públicos que iniciaron el proceso de vacunación sin que les correspondiera. La Conselleria de Sanidad anunció ayer que su máxima responsable, Ana Barceló, ha dado instrucciones para que a las personas que se vacunaron indebidamente con la primera dosis de la vacuna Pfizer«no se les administre por el momento la segunda dosis» en una decisión controvertida.
La decisión, después de que esta opción saliera a la luz hace unos días, ya contaba con el rechazo del Colegio de Médicos de la provincia de Valencia, cuya presidenta, Mercedes Hurtado, pidió sanciones del tipo que sean para los 'tramposos' pero demandó que no se desperdiciaran las dosis ya usadas en estas 150 personas a quienes ahora se les niega la segunda y necesaria dosis para conseguir la inmunidad y que deberían iniciar de nuevo el proceso cuando les corresponda. Hurtado señaló que compartía «el enfado» de Ximo Puig pero discrepaba con la medida ahora concretada.
Y es que la consellera Barceló ha cursado una instrucción a la Dirección General de Salut Pública, para que adopte las medidas necesarias y dicte las instrucciones pertinentes para que no se administre por el momento dicha dosis.
Sin embargo, la medida puede tener vuelta atrás, ya que, paralelamente, Barceló también ha solicitado al Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana un informe sobre la procedencia o no de completar ahora el proceso de vacunación de las personas afectadas. De este modo, según explicaron desde la propia Conselleria de Sanidad, «la decisión definitiva se tomará después de conocer los planteamientos de dicho comité», aunque matizaron que estos informes «no son vinculantes».
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Los cuatro primeros ediles valencianos, que haya trascendido por el momento, que han recibido esta primera dosis sin que les correspondiera son los alcaldes de La Nucía (Bernardo Cano, PP), Rafelbunyol (Fran López, PSPV), Els Poblets, (Carolina Vives, PSPV) y El Verger (Ximo Coll, PSPV).
Todos ellos permanecen de momento en sus cargos pese a que alrededor de una decena de responsables políticos y de otros ámbitos en España ya han renunciado a los mismos.
En concreto, de alrededor de 700 personas que se ha detectado se vacunaron indebidamente, sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía. Una de las dimisiones más sonadas fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya. También anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían recibido la primera dosis de la vacuna a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación.
Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba el martes su dimisión como primera edil por recibir la vacuna, el mismo camino que siguió la coordinadora de IU en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Dénia, Cristina Morera (PSOE).
Por otro lado, se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, también presentó su denuncia por recibir la vacuna contra el Covid antes de que fuera su turno. Del mismo modo, han presentado su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, por administrarse esa vacuna antes de tiempo, al igual que la gerente del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.
Las consecuencias ante estos hechos no han llegado en forma de dimisión pero sí han tenido otros efectos. El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante (formado por PP y Cs) comunicó ayer que ha acordado el cese permanente de las competencias del diputado provincial y alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano. Tanto 'populares' como 'naranjas' han consensuado que dicha comisión, impulsada por Ciudadanos, investigará el proceso de vacunación de políticos, asesores y funcionarios de la institución vacunados «al margen del calendario».
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De esta manera, el diputado Bernabé Cano no recuperará sus competencias con el fin de que el episodio de su vacunación «no afecte a la buena marcha del Gobierno de coalición y empañe el trabajo que hasta ahora se ha venido realizando», según el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y el portavoz del Grupo Ciudadanos, Javier Gutiérrez.
Igualmente, la Comisión de Investigación que la institución provincial abrirá requerirá a la Generalitat a que «haga públicos los listados de todos aquellos cargos que hayan recibido la vacuna», y que aclare sus «responsabilidades» en el «cuestionable proceso de vacunación».
Desde el PP pidieron que se valore lo que supone desperdiciar 200 vacunas y señalaron que se trata de «una cuestión técnica». En términos similares se expresaron desde Ciudadanos, formación que considera que la decisión la deben tomar «epidemiólogos y expertos sanitarios». Con respecto a las personas que han recibido la vacuna sin corresponderle los calificaron de «sinvergüenzas, pero al menos son unos sinvergüenzas útiles en la calle, porque suponen una barrera para que el virus no se siga propagando». Remarcaron que han pedido la dimisión de todos los cargos públicos que se han puesto la primera dosis sin que fuera su turno.
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