Sólo una de las 15 zonas de bajas emisiones valencianas está activa

En el caso de Valencia, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se implantará en 2025 pero de una manera informativa, sin multas. Será a partir de enero de 2026 cuando se limite la entrada de vehículos con etiqueta A, pero los que no pertenezcan a la provincia de Valencia, así como los que tienen más de 27 años si son de gasolina o más de 22 si son de gasoil. La limitación en 2027 será para todos los vehículos sin etiqueta de fuera de la ciudad. Las restricciones totales llegarán en enero de 2028.

Todos estos datos sobre los municipios se puede encontrar en un estudio presentado este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha hecho su prioridad la mejora de la calidad de vida en las zonas urbanas. En el documento se hace referencia que en los municipios donde haya más de 50.000 habitantes tiene que haber una zona de bajas emisiones por mandato europeo. En total, 151 localidades se van a ver afectadas en toda España, lo que engloba a los 25 millones de ciudadanos que viven en ellas.

Las medidas establecidas para poner las zonas de bajas emisiones varían según los consistorios. En muchas de ellas podrán circular sin restricciones los vehículos que tengan la etiqueta ambiental de la DGT. Además, hay lugares donde se restringe el tráfico a los no residentes. De los 151 municipios en 28 ya están vigentes, mientras que en 22 están aprobadas pero no en vigor. En 87 las zonas de bajas emisiones están en tramitación y14 localidades ni siquiera han empezado a ello. En el caso de los 400 municipios más pequeños que superan los 20.000 habitantes deben diseñar un plan anticontaminación para momentos que se superen los límites de emisiones.

La OCU ha realizado una encuesta a la ciudadanía sobre lo que opinan acerca de las zonas de bajas emisiones. Muchas de las personas preguntadas no se sienten afectadas por el tema, en concreto, el 57%: o no viven en ellas o no se desplazan nunca a las localidades con zonas de bajas emisiones, o bien porque no sufren ninguna de las restricciones por el tipo de vehículo que tienen.

Entre los afectados que han tenido que cambiar sus hábitos de movilidad, el 23% ha cambiado de coche para poder circular por esas zonas y un 13% ya piensa en comprarse uno nuevo por el mismo motivo. Otros optan por utilizar el transporte público o hacer otras rutas.

Además, se ha hecho hincapié en la pregunta de si estaban de acuerdo con establecer esta medida. Al decir que el objetivo es para mejorar la calidad de vida el 41% de la población está a favor frente al 30% que está en contra y otro 29% que es neutral. La OCU preguntó a los conductores habituales y los resultaron variaron un poco: el 62% de los conductores afectados están en desacuerdo frente al 36% de los conductores no afectados que están de acuerdo en el establecimiento de estas zonas.

Los usuarios, según el estudio de la OCU, serían más permisivos si se tuvieran en cuenta las necesidades de los vecinos, familias, visitantes ocasionales, etc. Y también si las licencias para transitar por las zonas restringidas estuvieran repartidas de una manera más justa, en función de las emisiones reales de los vehículos.

Desde la OCU, afirman que para que estas zonas sean un éxito deberían ofrecer información sobre estas zonas en toda España, no solo en las localidades afectadas. Además, tendrían que apostar por una buena señalización, y construir aparcamientos disuasorios. Se trata de zonas de aparcamiento situadas en la periferia y cuyo objetivo es que los conductores que pretenden acceder al centro de la ciudad aparquen en ellos y continúen en transporte público hasta el lugar donde vayan. Para eso, la OCU también exige la mejora del transporte público y que se le dé un impulso al carril bici y la peatonalización de las ciudades.

La OCU insiste en la necesidad de ampliar ayudas para favorecer el acceso a coches poco contaminantes a familias con rentas bajas, gente que vive en zonas de bajas emisiones y que se va a ver obligada a adquirir un vehículo caro. Además, considera prioritario que se revise el actual sistema de etiquetas ambientales de la DGT para priorizar las emisiones reales frente a la tecnología del motor.