7.000 padres ocultan cada año agresiones de sus hijos

Las dimensiones que está tomando el problema, ya sea en forma de agresión directa, insulto o destrucción de objetos en casa, son estremecedoras. Como ha apuntado Alfredo Abadías, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP), «sólo conocemos un 10% de los casos que se producen».

En la Comunitat Valenciana son 800 los que trascienden cada año al acabar judicializados, lo que significa que esa bolsa de maltrato oculto de hijos contra padres está afectando cada año a más de 7.000 familias valencianas con menor o mayor gravedad.

El congreso se ha abierto con una ponencia de Mavi Mestre. Además de rectora de la Universitat de València es una excelente conocedora de este problema social desde su cátedra de Psicología, muy centrada en investigaciones sobre conductas en la infancia y adolescencia.

Mestre ha hecho un repaso de la historia del problema y ha apostado por tres ingredientes esenciales en la educación familiar para evitar hijos violentos: «normas, apoyo emocional y una comunicación fluida». Y es que, citando datos de las memorias de la Fiscalía, «el problema lleva ascendiendo desde 2005». Y «tenemos que lograr entre todos que esta lacra retroceda».

Han pasado ya dos décadas desde que las denuncias de padres contra hijos comenzaron su ininterrumpida cuesta. Ya en 2010, los fiscales comenzaron a lanzar señales de alerta tras más de 5.000 casos en toda España. «Nos hablaban de una sociedad permisiva que estaba educando a los hijos con derechos pero sin obligaciones o límites», ha recordado Mestre. En 2019, «ya se nos advirtió de falta de habilidades parentales». Y en 2020, «de patrones educativos fracadasos».

Pero ¿cuál es la naturaleza de ese fracaso? Mestre ha citado investigaciones de su departamento que demuestran que una educación con carácter positivo que combine normas y límites con cariño, atención y apoyo emocional es mucho más provechosa a la hora de impedir conductas violentas que otros modelos educativos.

Esos otros modelos que convendría desterrar, en aras de prevenir el problema, son el de un autoritarismo continuo de riñas y reproches que pueden mermar «algo tan importante como sentirse querido, clave para un niño». Pero también la negligencia de esos padres que, bien por sus dedicaciones y estreses laborales o por otros motivos, «dejan a los hijos hacer lo que les dé la gana».

Irene Gavidia, secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, ha intervenido en la apertura del congreso. «La pandemia ha hecho aflorar violencia y comportamientos agresivos en familia», ha destacado. Y ha aportado una cifra que da buena cuenta de la magnitud del problema: de los 3.600 menores que cumplen medidas reeducativas en medio abierto tras cometer delitos, alrededor de 800 lo hacen por haber sido violentos con sus padres.

Según Abadías, doctor en Derecho Penal, «lo más peligroso en esta cuestión es la falta de valores prosociales». Desde su punto de vista, y también lo concluye Mestre, «hay que aunar esfuerzos desde educación, sanidad, policías, justicia». A Abadías, le preocupa ese 90% de casos que no llega a los juzgados y se queda «intra muros en las familias». Eso «acaba en sufrimiento descarnado y muy duro o en consultas privadas de psiquiatras y psicólogos».

La SEVIFIP considera esencial «aglutinar todos los datos sobre el problema», pues hoy hay «muchos padres viviendo con sentimientos de vergüenza y culpabilidad» al contemplar impotentes la creciente violencia de sus hijos. «Necesitan mucha ayuda pública porque quien tiene dinero va a grandes consultas psiquiátricas y centros privados gastándose hasta 6.000 euros al mes, pero quien no lo tiene acaba en la cola del sistema infanto-juvenil mental saturado». Y «no hay ayudas sociales claras para esto».

Otro de los participantes en el congreso es el abogado valenciano Juan Molpeceres, penalista experto en menores y asesor en el equipo de medidas judiciales de medio abierto del Ayuntamiento de Valencia. Centró su exposición en la vertiente judicial de la violencia de hijos a padres, cuando sobreviene esa decisión tan complicada y amarga para los progenitores que es denunciar al propio hijo.

«A veces es un impedimento para la resolución del conflicto. Pero si se prevén y conocen las consecuencias legales se puede intentar que sea un medio de solución», detalla Molpeceres. ¿Cuándo denunciar a un hijo? ¿Cuál es la frontera que un hijo agresor ya no debe cruzar sin que actúe sobre él la justicia? El letrado sitúa ese límite en «una agresión física de cierta entidad», si bien admite que es «un momento muy difícil». Realmente «no soy partidario de una denuncia a toda costa porque hay veces que el conflicto tiene mejores vías de solución».

En otras ocasiones, los padres no sufren agresión «pero sí una violencia psicológica constante». El de la violencia de hijos a padres «es uno de los delitos en los que la denuncia llega más tarde respecto al momento en que se inicia la conducta, ya sea por vergüenza, por desconocimiento, por buscar otras vías… Pueden pasar meses y hasta años».

Mariela Checa también participa en el congreso. Es psicóloga de la Universidad de Málaga y experta de la asociación Filio que trabaja en los conflictos entre padres e hijos. Incide en la influencia de las crecientes rupturas de parejas en los hijos. «Hoy en día de cada cinco familias tres se separan. Hemos trabajado con parejas que rompen con conflictos y vemos cómo muchos de esos hijos terminan desarrollando conductas violentas hacia sus progenitores, inicialmente sobre aquel que no tiene la custodia».

Checa define así los detonantes principales de la agresividad de los hijos: «Falta de límites, como cuestión general, y, más en concreto, con los horarios, el uso del móvil o videojuegos… También no haber sabido conectar con el hijo a nivel emocional. Ser autoritario no está reñido con ser también afectuoso».