Cadáveres sin nombre

Los cadáveres se acumulan en las morgues. Los cuerpos de víctimas sin identificar permanecen durante meses en las cámaras de refrigeración o congelación mientras los especialistas de la Policía Nacional y la Guardia Civil cotejan perfiles genéticos, revisan denuncias de personas desaparecidas y confrontan información en las bases de datos policiales. Los informes de más de 3.000 autopsias están encabezados por números en lugar de nombres y apellidos. Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, 3.236 expedientes de cadáveres y restos humanos están pendientes de un nombre, una identificación o un cotejo positivo de ADN. De esta cifra, 30 cuerpos fueron hallados entre 2010 y 2021 en diferentes lugares de la provincia de Valencia.

Además de extraer ADN para obtener el perfil genético, los forenses buscan prótesis y piezas dentales con número de serie, proyectiles incrustados u otros cuerpos extraños que revelan pistas sobre la identidad de la víctima o las lesiones que sufrió. Entre 2010 y 2020, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia identificaron 36 de los 60 cadáveres encontrados en el mar, descampados urbanos, parajes montañosos y otros lugares. Los otros 24 cuerpos y seis casos más de restos humanos hallados este año siguen sin tener un nombre.

Las provincias con más cadáveres identificados en el mismo período son por este orden: Madrid, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Castellón, Alicante e Islas Baleares. Estas provincias representan el 55,8% del total de los cuerpos sin nombre y el 63,9% de los cadáveres identificados durante el período 2010-2020.

Tres factores importantes a tener en cuenta son el desarraigo extremo de algunas víctimas extranjeras, la naturaleza clandestina de sus actos y la incidencia del fenómeno de la inmigración irregular con un millar de casos relacionados, lo que supone un 30 por ciento de los 3.236 expedientes 'post mortem'.

El principal inconveniente es la dificultad para disponer de perfiles genéticos de referencia para realizar los estudios de identificación, como sucede con los cadáveres que llegan a las costas canarias o andaluzas por el hundimiento de pateras. Algunos de estos cuerpos son arrastrados por las corrientes hasta el litoral de la Comunitat Valenciana. El 7 de abril de este año, el torso de un hombre apareció flotando en la costa de Oliva, y días después encontraron un brazo en la misma zona.

La sucesión de hallazgos de cadáveres en alta mar o playas se repite todos los años. Ocupantes de pateras, pescadores que sufren caídas, polizones que saltan de barcos para alcanzar la orilla a nado, víctimas de crímenes o de accidentes de submarinismo, personas que se suicidan en el mar y hasta 'narcobuzos' que mueren ahogados cuando intentaban rescatar un alijo de droga. La lista es interminable.

Entre los expedientes de cadáveres identificados destaca uno de los años 90. Una mujer se suicidó en aguas del Puerto de Barcelona y su cuerpo fue hallado días después en la costa de Cullera junto a la desembocadura del río Júcar. Otro caso más reciente es el de Katia Ferreiras, una mujer brasileña que desapareció en noviembre de 2017 en Ibiza. Un mes después, el 18 de diciembre, su cadáver fue encontrado en una playa de Cullera. El cuerpo estaba en estado de descomposición como el de otro varón que apareció el 12 de febrero de 2017 en la playa del Dosel.

El pasado jueves, la tripulación de un barco de pesca localizó el cadáver de una mujer con traje de neopreno en aguas de Xàbia. Estaba flotando a 16 millas del cabo de la Nao. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil acudió al lugar y rescató el cuerpo, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

La necesidad de un sistema de cotejo con huellas del DNI, con una disposición que pueda encajar en la Ley de Protección de Datos, y la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los forenses son dos de los problemas que subyacen en la identificación de cadáveres.

Los cuerpos policiales tanto estatales como autonómicos comparten y utilizan el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), una base de datos unificada desde 2011 donde se registran todas las denuncias por desaparición.

Pero los forenses no pueden acceder a este sistema. «Es una de las cosas que deberían mejorar. Cuando identificamos un cadáver facilitamos la información del perfil genético a las fuerzas de seguridad para que la incluyan en la base de datos», explica el antropólogo forense Manuel Polo.

«Hay que agilizar los procedimientos. Es fundamental que los institutos de Medicina Legal puedan compartir la información (del sistema PDyRH) con la Policía y la Guardia Civil y actualizarla con más rapidez. Estamos hablando de una base de datos que recibe todos los días nuevas denuncias por desapariciones y no se entiende que hayan excluido a los forenses», añade Polo.

Quizás, la única explicación es que las fuerzas de seguridad del Estado dependen del Ministerio de Interior, y los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a aquellas comunidades autónomas con competencia en la materia.

Como el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria no especifica nada sobre el tiempo de conservación, algunos cadáveres permanecen meses y años en las cámaras de refrigeración y otros se trasladan a depósitos complementarios o se inhuman una vez que los forenses obtienen los perfiles genéticos.

Cuando pasan unos meses y nadie reclama un cuerpo por identificar, el juez suele ordenar el entierro de beneficencia, pero el proceso se puede prolongar si los investigadores hallan indicios criminales. En estos casos de inhumación, el nicho sin lápida solo puede estar ocupado durante un tiempo determinado que varía entre dos y cinco años según la localidad. Cuando finaliza este período, los trabajadores del cementerio retiran los restos humanos y los depositan en una fosa común.

Pero algunos esqueletos han llegado a permanecer hasta 13 años en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Valencia, como sucedió con el cadáver de Dumitru Ionescu, un hombre rumano de 53 años que fue hallado muerto el 1 de noviembre de 2007 en un barranco de Moncada. Tras descartar una muerte violenta, la Guardia Civil no pudo identificar a esta persona porque su ADN no estaba en el sistema PDyRH.

La familia de Ionescu denunció su desaparición en una comisaría de la Policía Nacional de Valencia a finales de noviembre de 2007, y doce años después, una segunda denuncia presentada en Rumanía por la hija de este hombre, con la inclusión de su perfil genético, posibilitó la identificación del cadáver. El caso de Ionescu es anterior a 2010, el año que entró en funcionamiento la base de datos del sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos.

De los 3.236 cadáveres que no han podido ser identificados en España, 2.485 fueron hallados entre los años 1968 y 2009 y sus perfiles genéticos se incluyeron en las bases de datos policiales, por lo que el sistema PDyRH aún podría poner nombre a alguno de estos cuerpos, como en el caso de Ionescu, si detecta un cotejo positivo de ADN.

Los investigadores policiales también se quejan de una falta de medios y personal en los laboratorios, un problema que retrasa la resolución de algunos casos frente a la agilización de los análisis de ADN en los crímenes más mediáticos.

Los huesos hablan pero hay que saber interpretar lo que dicen y eso es precisamente lo que hacen los antropólogos forenses José María Ortiz y Manuel Polo y la técnico superior en Anatomía Patológica Jennifer Sancho, entre otros profesionales del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Estudian las causas de las muertes en esqueletos, determinan la edad y el sexo de una víctima, identifican restos humanos, establecen la fecha del crimen, colaboran en exhumaciones relacionadas con las investigaciones de niños robados y examinan a personas vivas. Los antropólogos forenses determinan también la edad de aquellos inmigrantes indocumentados que dicen ser menores para que la Policía no los devuelva a sus países de origen. El Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia practica una media de 1.500 autopsias cada año. Un equipo de 13 médicos forenses se encargan de examinar los cuerpos para determinar las causas de las muertes.

«Utilizamos nuestros conocimientos para encajar todas las piezas de una investigación criminal», explica José María Ortiz, jefe de la Unidad de Antropología y Odontología Forense. Establecer la fecha de la muerte es prioritario cuando estudian un esqueleto. «Si la antigüedad supera los veinte años, el caso no tiene interés judicial porque el delito ya ha prescrito, aunque en España hay excepciones: los crímenes de guerra y lesa humanidad», señala Ortiz.

Además de esclarecer la causa de una muerte o poner fecha a un asesinato, los forenses también detectan en las autopsias patologías con base genética que afectan a familiares de los difuntos. «Nuestra labor en estos casos es preventiva y puede ayudar a mejorar la vida de algunas personas que sufren una enfermedad y no lo saben», afirma el experto en medicina legal.

En cuanto a sus compañeros del Servicio de Patología Forense, Ortiz destaca «el trabajo en equipo» con la Sección de Histopatología: «Los estudios microscópicos y macroscópicos de piezas anatómicas y tejidos son clave para determinar la naturaleza de las lesiones, y estas pruebas nos ayudan mucho a precisar las conclusiones de los informes».

Con respecto al día que más autopsias realizaron en Valencia, Manuel Polo recuerda las 40 necropsias de víctimas del terrible accidente de metro ocurrido en 2006. «Todos los forenses nos volcamos como era lógico por las trágicas circunstancias y terminamos las autopsias en menos de doce horas», evoca el antropólogo forense.