La doctora Ramón asegura que ha sido víctima de una conspiración

La doctora detenida como presunta autora de una estafa masiva a lesionados medulares, Almudena Ramón Cueto, mantiene en su círculo de amistades que ha sido víctima de una conspiración en la que se han unido varias personas, supuestamente, para hacerle daño y desprestigiar su carrera.

La científica se acogió a su derecho a no declarar en el juzgado, aunque tratará de demostrar su inocencia cuando se levante el secreto de la causa, pero a sus familiares y amigos les dijo que su detención estaría relacionada con intereses oscuros y económicos del sector farmacéutico. También niega haber cometido el delito continuado de estafa que le atribuye los investigadores, y defiende la eficacia de su tratamiento con los buenos resultados obtenidos, según ella, en algunos tetrapléjicos atendidos en sus clínicas de Valencia y Elche entre los años 2016 y 2018.

Fuentes cercanas a la doctora detenida señalaron también que el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia dictó el sobreseimiento provisional de la causa, aunque acordó deducir testimonio y remitir unas diligencias al Juzgado de Instrucción número 2 de Elche.

Sin embargo, la Guardia Civil de Valencia atribuye a la científica y a su marido la autoría de una estafa de más de un millón de euros con cerca de 200 personas afectadas. Según las investigaciones, las víctimas habrían recibido falsos tratamientos que no curaron sus lesiones medulares. Las terapias por las que algunos discapacitados físicos pagaron hasta 50.000 euros carecían de evidencias evaluadas y del control de las autoridades sanitarias.

Desde finales de 2016, la doctora Ramón atendía a tetrapléjicos en su clínica de Valencia, pero el discutido tratamiento ya se realizaba en 2015 en el centro médico que regentaban la científica y su marido en el hospital IMED de Elche hasta que fue clausurado tras una inspección farmacéutica.

En febrero de 2017, la pareja de la doctora pidió autorización para una consulta de Medicina General en la avenida de las Cortes Valencianas, donde la Guardia Civil confiscó botes con sustancias líquidas que administraban a los pacientes. Fuentes municipales afirmaron ayer que no consta que el responsable de la clínica solicitara la licencia de actividad al Ayuntamiento de Valencia.