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«Yo fui a ver muchas veces a ese mono. Estuve varias veces y comprobé sus avances. Comprobé como tras sufrir una lesión medular, después ... de someterse al tratamiento de la doctora Ramón, al estimular su cerebro lograba tener una respuesta en su extremidad inferior derecha. Era un esperanzador avance en la materia. Hasta que un día a la doctora le dijeron que no podía volver al Príncipe Felipe. Que el mono había sufrido un tumor muy maligno y que no podía seguir el trabajo. Y después ya no volvimos a saber nada del primate». La exresponsable de la Unidad de Lesión Medular del Hospital La Fe de Valencia ha lanzado este misterioso hilo en la sesión del juicio este martes contra la doctora Almudena Ramón y su marido, acusados de estafa a pacientes parapléjicos con una terapia médica aún sin aprobar.
La testigo, llamada a declarar por el abogado de la investigadora, está ahora jubilada pero se ha dedicado a la especialidad de los lesionados medulares desde mediados de los 70 y durante una década estuvo al frente de la unidad de La Fe. Ha relatado cómo cuando estaba omandando ese equipo en el centro hospitalario conoció los trabajos llevados a cabo por la acusada para recuperar la movilidad en ratones que sufrían paraplejia con el uso de células vivas adultas.
Esa fue la terapia que aplicó en primates en un trabajo llevado a cabo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Hasta que llegó la polémica en 20026. Ramón fue destituida y ella denunció a la entidad por un delito de apropiación intelectual y apropiación indebida. La querella fue archivada. La testigo ha señalado este martes en la Audiencia que el Príncipe Felipe aludió al empeoramiento del mono, de nombre 'Chiqui', como razón del cese de la investigación de la ahora acusada.
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«Llamaron tumor a lo que es una osificación heterotópica», según la exdoctora una complicación habitual en tratamientos de médula. Ha señalado que el primate acabó en la entidad Arca de Noé «y luego ya no volvieron a darnos explicaciones de qué había pasado con él. Y valió una millonada que pagó la Junta de Castilla y León», según la testigo. Luego ha lanzado una moraleja: «Hay que dar tiempo siempre a la ciencia; a veces triunfa y a veces no».
Eso sí: a preguntas de la fiscal, la exresponsable de La Fe ha reconocido que a ninguno de sus pacientes del hospital público los derivó a la clínica en Valencia de la acusada. «Ella estaba en fase de investigación, no de tratamiento», ha confesado la especialista.
En la sesión de este jueves ha declarado también Alejandro, citado igualmente por el abogado defensor de la científica, quien ha señalado que se sometió a las primeras fases del tratamiento de la acusada. Los denunciantes sostienen que llegaron a pagar entre 4.000 y 150.000 euros por un proceso que no se vio culminado, según sostiene la Fiscalía. El joven, en silla de ruedas, ha indicado que se sometió a las pruebas «pero no experimentó ninguna mejoría». No obstante, ha descartado sentirse perjudicado. «Nunca me dijeron que me fuera a curar. La Guardia Civil me dijo si quería denunciar pero yo lo rechacé al no sentirme estafado».
Otro testigo ha sido un periodista de una publicación científica especializada, quien a comienzos de los 2000 realizó varios reportajes sobre la procesada. «Sus descubrimientos fueron hitos científicos mundiales. Es incomprensible porque no se destacaron y por qué se paró su investigación», ha subrayado el reportero. Ha llegado a calificar a la doctora Ramón como «heredera de Ramón y Cajal» y ha relatado cómo en sus artículos contó los testimonios de pacientes tratados por ella y que destacaron en un congreso en Valladolid como habían mejorado. O el caso de un bombero polaco, con la médula espinal seccionada por un navajazo, que volvió a andar «tras someterse a una operación partiendo de los descubrimientos de la doctora. Fue portada en periódicos de todo el mundo. El cirujano llegó a enviar correso electrónicos a Ramón para felicitarla».
El juicio sigue su curso esta semana en la Audiencia de Valencia, con el testimonio aún pendiente de la doctora y su marido, para los que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito de estafa.
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