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Europa Press / J. F.
Valencia
Miércoles, 27 de marzo 2024, 14:14
La Fiscalía Provincial de Valencia se muestra favorable a reabrir la investigación judicial por el incendio registrado el pasado 22 de febrero en un edificio de Campanar que se saldó con 10 víctimas mortales, entre ellas dos niños de tres años y un bebé de días, y 138 viviendas destruidas.
El fiscal encargado de este procedimiento ha pedido al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, órgano que acordó el sobreseimiento de la investigación tras descartar la Policía Científica el origen criminal o delictivo del fuego, que estime el recurso interpuesto por el padre del hombre fallecido en el incendio junto a su mujer y sus dos hijos.
Como ya informó LAS PROVINCIAS, los familiares de otras cinco personas fallecidas en el incendio estudian personarse en la causa al estar también en desacuerdo con el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales.
El archivo de la causa, apenas dos semanas después del trágico suceso, ha contrariado a los familiares de las víctimas y también a los afectados que perdieron sus viviendas. Estos últimos piden que se investigue la comisión de un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias de los agentes de la edificación.
Los afectados se quejan de que el magistrado dictara el auto de sobreseimiento sin valorar los informes que están realizando los peritos o el atestado policial sobre la causa del incendio, la propagación de las llamas y el protocolo de intervención de los bomberos.
Por ello, los familiares de las víctimas y los propietarios de los pisos destruidos piden una investigación exhaustiva para saber por qué se propagó el fuego de forma tan rápida, y si algunas de las personas fallecidas podrían haber desalojado sus viviendas sin riesgo.
«Y no evacuaron sus casas porque parece que obedecieron un protocolo cuya aplicación no era lo más recomendable ante las circunstancias excepcionales del incendio», asegura uno de los afectados en referencia a las rachas de viento, el material inflamable de la fachada y la virulencia de las llamas.
El auto de sobreseimiento no hace mención a la posible existencia de delitos de daños por imprudencia grave, como reflejó días después la comunidad de propietarios en su denuncia para que el magistrado investigue supuestas negligencias de los agentes de la edificación.
Por ello, los afectados solicitan al juez que investigue si el edificio se construyó, incumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueban las condiciones de protección contra incendios de los edificios.
También piden que se esclarezca si hubo una posible negligencia o imprudencia cometida por la instalación del revestimiento de la fachada por parte de los agentes de la edificación que intervinieron en la construcción del inmueble, o si podría ser responsable por negligencia el fabricante de las placas que revestían el exterior de la fachada.
Los afectados que están en desacuerdo con el archivo de la causa creen que el juez debería de haber esperado a recibir el informe con las conclusiones del Grupo de Homicidios y del equipo de la Policía Científica que inspeccionó el edificio siniestrado.
El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la vivienda número 86 por un fallo eléctrico en un electrodoméstico, según las primeras investigaciones de la Policía Científica.
Tras la rápida propagación de las llamas, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El voraz incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas.
Las compañías de seguros Mapfre, Occident, Allianz, Santalucía, Generali y Liberty, entre otras, activaron dispositivos urgentes para agilizar el pago de las indemnizaciones. El seguro de Mapfre que contrató la comunidad de propietarios contempla un importe de 26,5 millones de euros para cubrir la edificación y otros 31.266 euros por el mobiliario del recinto.
Los especialistas en investigación de incendios contratados por las compañías aseguradoras ya inspeccionaron el foco del incendio en la vivienda número 86, pero cada uno deberá elaborar su informe sin compartir las conclusiones, aunque sean similares.
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