A. Checa/EP
Domingo, 16 de marzo 2025, 13:28
«El Gobierno central va a reforzar el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja con la incorporación en los próximos días de un nuevo juez que se encargará de todos los casos pendientes, y de esta manera la titular de este juzgado quedará completamente liberada para atender única y exclusivamente la causa de la dana». Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria del PSP,V pero sin competencia alguna en materia judicial o de Justicia, se desmarcó este domingo con semejante anuncio durante una visita a la falla Albufera, en Catarroja, el partido judicial que indaga la gestión de la dana.
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Y apenas unas horas después llegó el mensaje del Consejo General del Poder Judicial, difundido por el Tribunal Superior de Justicia, que le paraba los pies: «En relación con las declaraciones realizadas por la ministra, recordar que la adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ, tal y como establece el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Choque servido entre la socialista valenciana y el Poder Judicial. Morant aprovechó para lanzar su mensaje político: «Este es un compromiso más del Gobierno de España para fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia. «Estaremos hasta el final con todos los recursos que hagan falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad».
Morant aseguró que la firma del refuerzo se llevó a cabo el 7 de marzo, aunque «ya en el mes de noviembre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se sentó con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para hablar de la necesidad de reforzar el juzgado de Catarroja con el objetivo de que no se desbordaran de trabajo dada la situación a la que seguramente se iba a enfrentar».
Y de nuevo aldabonazo y correción del Poder Judicial en su comunicado. «La aprobación de esas medidas por parte del CGPJ precisa de la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria», señala el CGPJ.
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El Tribunal Superior recuerda a Diana Morant que la medida de refuerzo fue solicitada por la Sala de Gobierno del TSJ «y, una vez completados los trámites necesarios (que incluyen recabar informes del Servicio de Inspección y la autorización económica previa de Justicia) será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ el próximo martes 18».
En su comparecencia por la mañana, Morant no dudó en pronunciarse sobre un caso aún en una instrucción muy incipiente. «Hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y que ha ido publicando la jueza. Va quedando muy claro que se pudo hacer más y mejor».
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La socialista valenciana ha cargado contra la actuación del Consell. «Se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas. Se pudo hacer más para alertar a la ciudadanía de lo que venía para que se protegiera». Ni un comentario sobre las imputaciones también solicitadas por varias acusaciones de responsables de Aemet o la CHJ (órganos del Gobierno) que por ahora ha rechazado la jueza.
Morant ha subrayado que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía «le pertenece por ley, y también porque así lo dice el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a la Generalitat Valenciana».
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Por ello, ha reiterado que el PSPV-PSOE exige la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y una convocatoria electoral: «En democracia no hay herramienta más potente que la voz del pueblo, por eso pedimos elecciones anticipadas».
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