Una decisión judicial ha reabierto la herida. Marta Montero Montolio, la joven que sufrió graves secuelas neurológicas tras permanecer dos meses en estado de ... coma por una agresión de su expareja en Manises, lleva varios días intranquila y triste. El motivo de su preocupación es la inminente salida de la cárcel del hombre que le fracturó el cráneo y le causó lesiones cerebrales de por vida.
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Tras cumplir 6 de los 10 años de prisión de su condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, Luis M. T. está a punto de disfrutar de su primer permiso penitenciario mientras que Marta necesita cuidados continuados por sus limitaciones psíquicas.
Hace unos días, una llamada telefónica de la Policía alertó a la mujer maltratada de la inminente salida de la cárcel de su agresor, que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima, para que adopte las medidas de precaución que ella considere. «La Policía habló primero con mi hija y después me llamó a mí para contarme que iba salir de la cárcel siete días, del tres al nueve de octubre, y que no podían vigilarlo las veinticuatro horas del día», afirma Ángeles Montolio.
«Yo no entiendo de leyes. Imagino que si sale de prisión es porque puede salir, pero sólo pido, por favor, que revisen ese permiso penitenciario. Mi hija sufre lesiones cerebrales y su agresor va a salir de la cárcel. Está muy nerviosa, tiene miedo y esto ahora nos hace recordar todo el mal que hizo esa bestia», señala la afligida madre mientras sus ojos se humedecen.
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Ángeles muestra también su indignación porque su abogado no ha recibido ninguna notificación del permiso carcelario, por lo que no han podido presentar un escrito de alegaciones para oponerse a la concesión del permiso. «Nos hemos enterado por la Policía, pero nuestro abogado no sabe nada y por eso ha enviado un escrito a la Audiencia Provincial de Valencia», explica la mujer.
Ante la falta de una notificación procesal, el letrado de Marta entiende que se habría vulnerado el estatuto que establece los derechos que tienen las víctimas sobre la concesión de permisos penitenciarios a los autores de homicidios, lesiones, torturas y agresiones sexuales, entre otros delitos graves.
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Cuando un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acuerda un permiso de salida o la libertad condicional, siempre que se haya impuesto una pena de más de cinco años de prisión, las resoluciones tienen que ser comunicadas a las víctimas para que puedan recurrirlas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa. El abogado de la mujer maltratada tiene previsto presentar un recurso por la peligrosidad del condenado y la amenaza que supone para Marta la puesta en libertad de este individuo.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Luis M. a 13 años de cárcel por los delitos de asesinato en grado de tentativa y acoso, pero el Tribunal Supremo rebajó la pena 10 años y 6 meses de prisión al no considerar acreditada la alevosía.
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El 1 de septiembre de 2015, Marta ingresó en estado de coma en La Fe tras ser golpeada en la cabeza por su exnovio en el domicilio de ella. Según la sentencia, Luis M. cogió del cuello a su expareja después de una discusión y la lanzó contra la pared.
La joven cayó al suelo y el condenado la golpeó varias veces, sin que ella pudiera defenderse, contra el travesaño de una silla. Marta, que tenía 31 años y estaba llena de vida, no murió aquel día porque una vecina llamó al 112 tras escuchar los gritos y por la rápida intervención de la Policía Local de Manises y el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).
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Tras dos meses de cuidados intensivos en el hospital, la joven comenzó a despertar del estado patológico, aunque sin apenas sensibilidad ni capacidad motora. Sus padres y su hermano se turnaron para que nunca estuviera sola en los 384 días que permaneció hospitalizada.
Desde hace seis años, Marta y su familia protagonizan una historia de superación con tintes aún dramáticos debido a las graves secuelas cerebrales que sufre la víctima
Las lesiones neurológicas que padece le impiden recordar su vida antes de la agresión y no le permiten realizar tareas profesionales con eficacia y rendimiento, por lo que le concedieron la incapacidad permanente absoluta.
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