Interior cesa a la subdirectora de la cárcel de Villena tras fingir una agresión y denunciarla

El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cesó este jueves a la subdirectora de la cárcel de Villena por su detención como presunta autora de un delito de denuncia falsa. El caso de la agresión que Carolina I. F. asegura que sufrió motivó su arresto y posterior puesta en libertad, aunque con indicios de que el ataque que denunció, por parte de cinco hombres encapuchados en la puerta de su domicilio, nunca llegó a producirse.

Su denuncia levantó una ola de solidaridad e indignación a partes iguales en toda España y hasta el ministro Marlaska condenó los hechos. Pero el asunto dio el jueves un giro de 180 grados en el marco de la llamada Operación Silencia, llevada a cabo por agentes del equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena. Ahora se le imputan a la ya exresponsable de la cárcel los delitos de denuncia falsa y simulación de delito.

Tras detener a la funcionaria el jueves en la puerta de su domicilio, los agentes la trasladaron al cuartel de la Guardia Civil para tomarle declaración y leerle sus derechos. Luego quedó en libertad a la espera de la correspondiente citación judicial.

La supuesta agresión de encapuchados se relacionó con la supervisión de la subdirectora en una investigación anterior en torno a la reducción que practicaron tres funcionarios a un preso violento, con problemas de salud mental, en la misma prisión.

En su declaración policial, Carolina I. F. dio a entender que un grupo de trabajadores penitenciarios estaba detrás de la agresión que dijo haber sufrido el 6 de septiembre, en vísperas de declarar en el marco de una investigación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la actuación de tres funcionarios para reducir al preso.

Según revelaron fuentes penitenciarias, Interior creyó a pies juntillas la versión de la subdirectora, y solo quince días después de la agresión inventada, el 21 de septiembre, apartó de sus puestos a dos funcionarios al considerarles directamente relacionados con la falsa agresión denunciada por Carolina I.

Interior, en su expediente, subrayó la «incuestionable gravedad de los hechos» narrados por la responsable penitenciaria. Es más, calificó de «imprescindible» la suspensión de los funcionarios por «las amenazas y agresiones sobre una directiva del establecimiento penitenciario en su propio domicilio» y hechas de «manera sorpresiva y agresiva».

Instituciones Penitenciarias, sin esperar a conocer el resultado de la investigación oficial, ya anticipó que el objetivo de la agresión ficticia tenía «la finalidad de intimidarla y evitar su declaración en una investigación abierta por el centro directivo sobre el incidente con el interno».

Además, los hechos dieron pie a una investigación judicial por las amenazas que supuestamente recibió esta alto cargo de la cárcel alicantina en su teléfono móvil, que aseguró que se lo habían robado a raíz de la revisión de las cámaras de seguridad por el incidente de la reducción del preso violento.

Como subdirectora de seguridad, Carolina I. era la persona que tenía la competencia en la custodia de estas imágenes. Según su relato, los asaltantes encapuchados la golpearon días después y le exigieron que mantuviera «cerrada la boca».

El preso que sufrió la reducción investigada ya protagonizó luego otro incidente en el que hirió en el cuello con un objeto cortante al jefe de servicios de la cárcel de Cuenca, según denunciaron los sindicatos de prisiones.

Tras estos hechos, el PP ha pedido la comparecencia de Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior por la apertura de los expedientes a los funcionarios penitenciarios.

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