La instrucción de la muerte de dos niñas en el hinchable de Mislata, medio año paralizada

El juzgado de instrucción número 4 de Mislata es el encargado de la investigación. El órgano acumula ya hasta cuatro jueces, tras la marcha de la titular y la correlativa llegada de tres instructores sustitutos. El 28 de noviembre se amplió seis meses más la instrucción. Pero ni una sola diligencia se ha notificado a las partes desde esa fecha.

Siguen pendientes de resolver, entre otras diligencias, si el Ayuntamiento debe ser expulsado de la causa o está como responsable. La acusación particular que ejerce el letrado Jorge Carbó (en nombre de los padres de Vera) pidió esta salida de la causa. El letrado argumentó que el Consistorio se personó alegando ser perjudicado por una campaña de desprestigio de los padres en los medios, algo que no guarda relación alguna con la causa de dos muertes investigadas.

Otro extremo a responder por el juzgado de instrucción número 4 de Mislata es si el ingeniero de Elche (uno de los cuatro investigados en la causa, junto a los dos feriantes y un técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata) contaba con la certificación OCA y por tanto su presunta revisión es válida. Aunque las pruebas de la Policía Nacional lo sitúan en Alicante, por su móvil, el día que supuestamente llevó a cabo la inspección del hinchable 'Humor amarillo'.

Entre las dudas que siguen sin aclarar en la instrucción está también por qué la atracción se montó en un escenario distinto al que constaba en los planos entregados al Consistorio, y que la dejó en un punto más expuesto al fuerte viento que levantó el hinchable e hizo que las niñas salieran despedidas, junto a otros menores que resultaron heridos.

La Audiencia de Valencia ya rechazó imputar al concejal de Fiestas de Mislata por el accidente del hinchable en el que murieron Vera y Cayetanam como pidieron los padres de la primera. El tribunal estimó que la labor de comprobación no era achacable a Antonio Arenas, el edil. Eso mismo opinó en su día el juzgado de instrucción de Mislata. Pero la Audiencia también subrayó otro extremo: el Consistorio estaba obligado a revisar y comprobar el estado del recinto ferial, algo que a todas luces no se hizo y por lo que está imputado un arquitecto municipal.

«Según la norma, el ayuntamiento está obligado a la comprobación del cumplimiento de normativa de condiciones técnicas (seguridad del público y condiciones de solidez) cuando la declaración responsable no sea acompañada de certificación de OCA y sin la cual, además, no se podría iniciar directamente la actividad y precisará de licencia de apertura», es uno de los párrafos que enfatizó el auto de la Audiencia.