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La imprudencia que provocó el incendio de Villanueva de Viver, el más devastador en lo que llevamos de año en la Comunitat Valenciana, tendrá consecuencias penales. La jueza de Segorbe ha imputado un delito de incendio forestal por imprudencia a los cuatro miembros de la brigada municipal que provocaron el fuego, presuntamente, cuando limpiaban una senda con dos máquinas desbrozadoras.
El capataz que debía de supervisar el trabajo forestal también está acusado del mismo delito tras constatar la Guardia Civil que no estaba en el paraje cuando las chispas prendieron la maleza en un campo abandonado, según las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Serpona) de la Guardia Civil de Segorbe.
Los cuatro brigadistas, que se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, comparecieron hace unos días en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segorbe, mientras que el capataz lo hará próximamente. La exalcaldesa de Villanueva de Viver, Amparo Pérez, podría ser citada también para tomarle declaración como testigo, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS.
El incendio forestal permaneció activo 20 días y arrasó 4.723 hectáreas, la mayoría de ellas de arbolado, en siete municipios de la provincias de Castellón y Teruel, según el informe realizado por la Unidad Técnica de Análisis y Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana.
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El fuego se inició a las 12:38 horas del 23 de marzo de 2023 junto a un ribazo en el término de Villanueva de Viver, y durante los ocho primeros días se movilizaron un total de 500 medios terrestres y 23 aviones y helicópteros. Los bomberos de la Diputación de Castellón y la Generalitat se emplearon a fondo para tratar de impedir el avance de las llamas en la comarca del Alto Mijares, aunque no pudieron evitar que el fuego destruyera seis casas y un vehículo en la aldea La García del municipio turolense de San Agustín.
Antes de llamar al 112, los cuatro brigadistas municipales intentaron sofocar el fuego con un extintor y una máquina pulverizadora de agua, pero las llamas se propagaron con rapidez. Uno de los trabajadores también telefoneó al Ayuntamiento de Villanueva de Viver para que informaran del grave incidente a la alcaldesa de la localidad.
Según el protocolo establecido para la limpieza de senderos y trabajos forestales para prevenir incendios, el brigadista que utiliza la desbrozadora debe actuar siempre con el apoyo de un operario controlador, un compañero que lleva un extintor o una mochila pulverizadora de agua para sofocar las llamas de inmediato en el caso de que las chispas provoquen un fuego, como sucedió el 23 de marzo.
Los investigadores de la Guardia Civil de Segorbe sospechan que los trabajadores que llevaban los medios de extinción no estaban preparados ni cerca de las máquinas desbrozadoras cuando comenzó a arder la maleza.
Las investigaciones indican que los brigadistas incumplieron el protocolo o actuaron de forma negligente cuando realizaron los trabajos de desbrozo, y por este motivo, el Seprona les atribuye un delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de incendio forestal.
Los agentes de la Guardia Civil intervinieron la mochila pulverizadora de agua, que estaba vacía, y el extintor, que tampoco tenía polvo, por lo que todo parece indicar que los trabajadores municipales utilizaron estos medios de extinción en los primeros momentos que atacaron las llamas.
El capataz que debía controlar las labores de desbroce no se encontraba en el lugar cuando se inició el incendio, porque le habrían encomendado, al parecer, otro trabajo. Por ello, el jefe de la brigada municipal deberá comparecer también ante la jueza como investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia.
Los costes de la extinción del incendio superaron los dos millones de euros en gastos de medios personales y materiales. La magistrada ya ha recibido las facturas desglosadas de la Diputación de Castellón y la Generalitat, los dos entes públicos de los que dependen la mayoría de los efectivos que lucharon contra las llamas las dos últimas semanas de marzo. Sólo la valoración de gastos de estas dos instituciones asciende a 1,7 millones de euros.
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