El jurado delibera si la acusada del crimen de los laxantes es culpable del asesinato

Un jurado popular ha empezado este lunes a deliberar si Mari Carmen B. G., la mujer acusada de asesinar a su pareja al administrarle laxantes hasta su muerte y vaciar sus cuentas bancarias, es culpable o no de los delitos que le atribuyen.

La encausada ahora se enfrenta a una pena, tal y como reclama el Ministerio Público, de 28 años de prisión por los delitos de asesinato, estafa y falsedad. Las acusaciones particulares elevaron su petición a 31 años de cárcel, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

El magistrado entregó sobre las diez de la mañana el objeto del veredicto a los miembros del jurado con una batería de preguntas a las que están respondido para determinar si Mari Carmen es culpable o inocente. Los miembros del tribunal popular se encuentran encerrados en una sala desde esta mañana, y dormirán en un hotel si no pronuncian antes el veredicto.

Según el fiscal Vicente Devesa, la acusada «sabía muy bien lo que hacía y la rentabilidad de lo que hacía hasta el resultado final», con lo que en la exposición de su informe pidió al jurado que hiciera «justicia» y la condenara, porque se trata de un crimen «especialmente alevoso y muy grave: en los siete meses que Salvador estuvo ingresado veía cómo se consumía y siguió. Es insoportablemente escalofriante». Devesa añadió: «Ella mató a Salvador sabiendo lo que hacía, administrándole los laxantes y quitándole el dinero».

El abogado Andrés Zapata, que ejerce una de las acusaciones particulares, señaló que la inculpada es una «depredadora que ha ido perfeccionando con el tiempo su método (un exnovio testificó que le vacío sus cuentas mientras estuvo tres meses con diarreas) en el cual el fallecido no tuvo ningún tipo de oportunidad». «Por favor, párenla», reclamó al jurado.

Por contra, la defensa mantuvo a lo largo del juicio que el relato de las acusaciones es «una excelente película, pero que no está basada en hechos reales», porque «no se ha encontrado el arma del crimen, los laxantes, ni en la autopsia ni en los informes». También afirmó que no se ha probado la autoría, porque nadie vio a Mari Carmen «administrar laxantes a Salvador». La acusada no quiso hacer uso de su derecho de última palabra.

«La compatibilidad de las diarreas con los laxantes solo es una posibilidad, pero no puede ser causa para condenar por asesinato a Mari Carmen», señaló la letrada de la defensa, cuando además apuntó que quedó acreditado que en el propio hospital le administraron laxantes.

Del mismo modo, negó los delitos de estafa y falsedad. Insistió en que Mari Carmen contaba con la autorización «verbal» de Salvador para usar sus tarjetas, y apuntó que en caso de haber habido un desfalco pudo ser por «voluntad propia» de él antes de ingresar, porque «estaba enamorado de Mari Carmen o porque le había comida la olla».

Tras iniciar una relación sentimental con Salvador en 2019, la acusada comenzó «un proceso de alienación», cuya finalidad era separar a Salvador de su familia, según Andrés Zapata. En marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia, Mari Carmen se quedó a vivir en Paterna en el domicilio de la víctima, que hasta ese momento convivía con su hija y su nieta.

El proceso de enajenación se agudizó durante el verano, provocando que sus familiares abandonaran la casa en el mes de agosto, y a partir de ese momento y una vez que estaba sola en la vivienda con la víctima, empezó a acopiar productos laxantes (Evacuol, Dulcolaxo y Seguril), que administró a Salvador, tal y como había hecho con otra pareja anterior, sin que su compañero sentimental se diera cuenta.

Salvador tenía diagnosticados varios trastornos médicos, fue hospitalizado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Al volver a casa, Mari Carmen, según el relato del fiscal, continuó dándole laxantes, lo que provocó un nuevo ingreso de la víctima y siguió administrándole los fármacos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte. Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de mil comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.

La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un shock séptico severo. Salvador tenía 69 años cuando falleció.

Además, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada habría realizado hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros. También habría solicitado dos créditos a nombre del enfermo, que habría suscrito telefónicamente simulando la intervención del hombre.

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