Los perfiles de ADN del caso Alcàsser se cotejarán con los de dos hermanos y tres amigos de Anglés

Aunque la Guardia Civil descartó la implicación de Mauricio A. M., Roberto A. M., Luis R. G., José Miguel M. C. y Ramón Antonio L. R. en las violaciones y asesinatos de las tres niñas, sus códigos genéticos figuran en el sumario tras ser investigados durante la instrucción del caso.

Según la primera declaración del único condenado por el triple crimen, Miguel Ricart, solo él y Antonio Anglés participaron en los asesinatos de Míriam, Toñi y Desirée, aunque un año después inculpó a Mauricio Anglés, uno de los hermanos del fugitivo, y a José Miguel M., un delincuente apodado 'El Nano'.

Luis R., uno de los investigados, fue interrogado por dos guardias civiles el 2 de febrero de 1993 en la cárcel. El delincuente declaró que vivía en la casa de la familia Anglés cuando desaparecieron las niñas el 13 de noviembre de 1992, aunque no recordaba dónde había estado aquel día. El recluso colaboró con los investigadores y les entregó varios pelos de su cabeza y pubis para que los analizaran y descartaran su implicación en el crimen.

Ramón Antonio L., otro de los sospechosos, iba casi todos los días a la casa de Anglés en Catarroja para comprar la heroína que se inyectaba. El toxicómano confesó que entregó una pistola a Mauricio a cambio de medio gramo de droga un día que tenía un síndrome de abstinencia muy fuerte. Según su declaración, el delincuente sustrajo el arma en una tienda de pollos asados en Benetússer, un establecimiento que regentaba la mujer de un policía local, y se enteró por la televisión de que la pistola había sido utilizada en el triple crimen.

También manifestó que Antonio Anglés o su hermano Mauricio le vendían la droga y que solían esconder la heroína en el tejado. El delincuente aseguró que vio cómo Antonio propinaba una brutal paliza a una toxicómana, sin ninguna compasión, y que obligaba a algunas jóvenes a mantener relaciones sexuales con sus hermanos antes de venderles la heroína.

Dos semanas después de que Ricart volviera declarar ante el juez para inculpar a Mauricio Anglés y José Miguel M., la Guardia Civil detuvo el 14 de octubre de 1994 al segundo delincuente para interrogarlo. Como los otros dos sospechosos, José Miguel negó su participación en los asesinatos de las niñas y accedió de forma voluntaria a que analizaran sus pelos, tanto del pubis como de la cabeza, porque estaba «totalmente seguro» de que los resultados de las pruebas demostrarían su inocencia. El delincuente afirmó que conocía a Antonio Anglés, pero no a Miguel Ricart, por lo que no sabía si le odiaba por algún motivo y por eso le habría inculpado.

La Guardia Civil también interrogó a Roberto y Mauricio Anglés, pero ambos negaron su participación en el crimen. Los dos declararon que comieron juntos el 13 de noviembre de 1992, horas antes del rapto de las niñas, en el domicilio familiar con su hermanos Carlos y Kelly, su madre y Luis R. Además, Roberto señaló que aquel día estuvo con un amigo en el 'barrio chino' de Valencia y que vivió una temporada en la caseta de La Romana, el lugar donde violaron a las niñas, unos cinco o seis meses antes de los asesinatos.

El juez instructor de la causa, el magistrado José Miguel Bort, resaltó en un auto «la absoluta inexistencia en todo el procedimiento del más elemental indicio o apariencia de que cualquiera de ellos (Roberto A., Luis R., José Miguel M. y Ramón Antonio L. ) hubiese podido tener participación o conexión con los hechos que se instruyen». Respecto a Mauricio Anglés, el juez aseveró que los elementos reveladores de su supuesta participación en los hechos «son de escasísima fuerza y fiabilidad».

Los análisis de ADN

Los pelos que se están analizando ahora, 29 años después del triple crimen, fueron descartados para el estudio genético en su momento tras realizar una selección en el laboratorio en función de su estado (si estaban cortados o tenían raíz) y las técnicas de extracción.

Los peritos que declararon en 1997 en el juicio contra Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen, coincidieron al aseverar que las diferentes secuencias de ADN de una docena de pelos encontrados en los cadáveres de las niñas no correspondían a un mismo número de asesinos, ya que cuatro eran de las víctimas. Además, contemplaron la posibilidad de que algunos fueran de personas con las que tuvieron contacto las menores antes de ser asesinadas o incluso de los guardias civiles que desenterraron los cadáveres

La Guardia Civil recogió estos cabellos y vellos en el interior de la fosa, dos colchones, dos guantes de apicultor, un jersey de una de las niñas asesinadas y dos de los cadáveres. Además de intentar extraer ADN de los pelos, el Instituto Nacional de Toxicología deberá reunir todos los perfiles genéticos obtenidos, completos o parciales, relacionados con el triple crimen, según otra providencia dictada por la jueza el pasado 14 de octubre.

Las pruebas genéticas fueron solicitadas por una de las acusaciones populares, la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, tras revisar el sumario y realizar un informe sobre los pelos y vellos que no se analizaron por diferentes causas.

"Hasta la fecha de hoy no existen indicios forenses que vinculen a Anglés con el crimen, y las ciencias forenses en la actualidad pudieran salvar este escollo", afirma el perito judicial y presidente de Laxshmi, Félix Ríos, en un escrito remitido a la jueza.

Como las muestras han sufrido durante el procedimiento diferentes idas y venidas de laboratorios y depósitos judiciales, la magistrada ha ordenado también al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que busque todos los perfiles de ADN relacionados con el sumario –obtenidos la mayoría de ellos en la década de los 90–, para remitirlos al Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El objeto de estas pruebas es cotejar los perfiles genéticos que se puedan lograr con los que ya se disponían en la fase de instrucción del caso. Según Ríos, los resultados podrían aportar datos importantes de cara a corroborar la participación de Antonio Anglés y arrojar luz sobre otras circunstancias que rodearon el caso.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Ricart a 170 años de prisión, el procesado y el fugitivo Antonio Anglés pudieron actuar en compañía, "posiblemente de alguna otra persona más", cuando raptaron a las tres niñas, pero nunca se pudo demostrar la implicación de un tercer individuo.