Las familias de víctimas de la residencia de Moncada plantan a Oltra

«Las fatalidades son las fatalidades». La vicepresidenta del Consell y responsable de la Conselleria de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha expresado así este miércoles 2 de febrero en referencia al incendio que hace dos semanas causó la muerte de nueve personas en la residencia de mayores de Moncada.

La mandataria autonómica de Compromís hizo estas declaraciones tras una reunión rutinaria con la alcaldesa de Moncada, María Amparo Orts, en el ayuntamiento de la localidad para analizar la marcha de los servicios sociales del municipio. Posteriormente visitó la residencia escenario de la tragedia para reunirse allí con familiares de los fallecidos, «ponerme a su disposición, acompañarlos, escuchar sus necesidades y expresarles la información de la que disponemos hasta el momento». Este encuentro se programó a las dos de la tarde en el propio centro escenario de la tragedia, precisamente a una hora adecuada para que los parientes pudieran acudir sin desatender sus obligaciones laborales.

Según informaron fuentes de Políticas Inclusivas, estaban convocadas las familias de las nueve víctimas mortales, pero finalmente sólo los parientes de uno de los ancianos que perdió la vida decidieron presentarse a la cita, una reunión íntima cuyos detalles no han trascendido.

Al término del encuentro, estas dos personas manifestaron a este diario: «Estamos muy agradecidos a la residencia y también por haber podido asistir a este encuentro que consideramos muy positivo». Los familiares declinaron identificarse o expresar más puntos sobre la reunión. Únicamente añadieron: «De momento no barajamos presentar denuncia o personarnos en el caso», todavía bajo investigación policial.

Las mismas fuentes del Consell aclararon que para el resto de familiares «se ha facilitado un contacto para que puedan ser atendidas y recibidas si les viene mejor en otro momento». Sin embargo, como pudo constatar este diario, algunos de los familiares sienten que la cita no les va aportar ningún consuelo tras su dolorosa pérdida.

Mónica Oltra fue singularmente crítica con el gobierno popular cuando se produjo el accidente del metro de Valencia con 43 muertos, exigiendo responsabilidades políticas y dimisiones. Esta es, con diferencia, la mayor tragedia en la Comunitat en este siglo. Pero la de Moncada es la tercera, tras las 18 muertes del albergue de la Todolella por culpa del monóxido de carbono.

Y en el caso de la residencia, como constató la vicepresidenta, ni la Generalitat ni Oltra se plantean responsabilidad política o destitución alguna a pesar de la evidente magnitud del siniestro. Tampoco abrir un expediente informativo autonómico. Eso, aclaran desde Políticas Inclusivas, llegará, en todo caso, después, cuando finalice el atestado de la Guardia Civil. Y si de él se desprende alguna negligencia o responsabilidad en la actuación de la residencia.

El discurso de Oltra fue para insistir en que, administrativamente y a nivel de control autonómico, todo estaba en regla. «La última inspección fue en julio de 2021. Se cerró en noviembre con las correcciones que debían hacer», detalló la responsable. Además, «el boletín eléctrico (documento técnico que constata que una red eléctrica está en condiciones) databa de agosto del año pasado».

Por tanto, «en las obligaciones técnicas relacionadas con el sistema eléctrico, donde parece que se produjo el fallo, todo estaba al día y renovado. Por informes, todo correcto», explicó. Lo que pueda haber fallado en la regleta foco del fuego desde esa fecha es ahora objeto de la investigación en manos de la Guardia Civil, todavía bajo secreto de sumario, según la Benemérita.

La residencia es de titularidad pública pero de gestión privada. Y la empresa que se hace cargo de ella, Gesmed, tiene el contrato vencido desde el año 2020. Ante esta anomalía, Oltra expresó: «Los pliegos ya están preparados para las gestiones integrales, pero en este momento todavía no tenemos fecha. Será lo antes posible. En cualquier caso, regularizado está porque al ser un servicio esencial las empresas están obligadas a seguir prestándolo según las condiciones contractuales marcadas».

Este miércoles todavía seguía hospitalizada una víctima del incendio. Otros 15 residentes aún habitan provisionalmente en residencias próximas. Las obras de reparación tras el incendio están «en marcha y el fuego no ha afectado a la estructura del edificio.

Antes de reunirse con los familiares de una víctima, Oltra se entrevistó con la directora y trabajadoras del centro. «En el momento en que se declaró el incendio estaban cuatro de ellas y les agradezco todo el esfuerzo, igual que al personal de emergencias».

Según ratios de la OMS, y así lo expresó recientemente la presidenta de los gerontólogos, en la Comunitat faltan alrededor de 13.000 plazas de residencias. Preguntada por esta cuestión, Oltra insistió en que el plan Convivint «ya está en marcha, con 23 nuevas instalaciones acabadas. Va hasta 2025, se implementarán 5.600 plazas nuevas y planeamos una mejora sustancial de la atención a domicilio».

Aurelio es yerno de uno de los residentes que falleció en el incendio, Luis Bisbal. El anciano estaba en la habitación que se convirtió en foco de las llamas, la situada en el extremo del ala derecha de la residencia, zona de descanso de los internos con un mayor grado de dependencia.

Tanto él como su esposa, hija de la víctima, declinaron el ofrecimiento del Consell por vía de la dirección de la residencia. «No hemos acudido. ¿Para qué?», se cuestionaba en declaraciones a LAS PROVINCIAS ayer por la mañana, pocas horas antes de la cita.

«Mónica Oltra», añadió el hombre, «no tiene nada que explicarnos porque la muerte de mi suegro es un caso que está ya en manos de nuestro abogado». Ellos, al igual que otros familiares, aguardan ahora a que finalice el informe policial de la Benemérita para iniciar su acción judicial.

La hija del hombre que estaba en la misma habitación de Luis, que prefiere mantener su identidad en anonimato, compartió la misma posición ante el ofrecimi planteado desde Políticas Inclusivas. «Sí, sabíamos de la cita a través de la dirección de la residencia, pero es que pensamos que hablar con Oltra no nos iba a aportar nada más allá del pésame», considera.

Con voz triste tras la pérdida de su progenitor, la mujer añadió: «Nosotros estamos muy dolidos. Piense que todavía no he podido enterrar a mi padre porque no nos han autorizado a disponer del cuerpo». El argumento que les llega desde los juzgados es que faltan «pruebas forenses», a pesar de que ya ha transcurrido medio mes desde la tragedia. «Tras el funeral ya nos plantearemos si presentamos o no una denuncia», valoró la pariente.

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