La estafa al empresario Vicente Soriano con la venta de un edificio en plena calle Colón de Valencia todavía sigue a la espera de juicio. El próximo señalamiento, tras alguna suspensión, se ha fijado para el mes de octubre. Siete acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel hasta los 18 de privación de libertad para el principal artífice del engaño al que fuera presidente del Valencia CF. Actualmente, los letrados buscan llegar a un acuerdo con el ministerio público a cambio de una rebaja de la pena. La víctima del fraude llegó a abonar un millón de euros por la fraudulenta transacción que se ejecutó en 2008.
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Los acusados idearon un plan para obtener un beneficio de un patrimonio que no era de su propiedad. Para ello, uno de los procesados obtuvo una escritura de heredero a nombre del verdadero dueño del edificio. De igual modo, le falsificaron su DNI. Así, simularon que el titular quería vender el citado inmueble, en el número 16 de la calle Colón de Valencia. El edificio estaba valorado en cerca de seis millones de euros.
El primer paso fue acudir a un notario de Sagunto donde uno de los acusados se hizo pasar por el dueño de la propiedad y vendió el 50% del edificio a una empresa por 30.000 euros. Además, se estableció una compensación de 500.000 euros para el vendedor si se resolvía el contrato. Más tarde, y una vez encontraron a un «comprador solvente», según la fiscalía, planearon revender el inmueble. Vicente Soriano hizo la operación a través de la sociedad Essiv Ingest, SL. La mercantil del inversor pagó una indemnización a la otra empresa por hacerse con la totalidad del inmueble y en la misma notaría de Sagunto se otorgó escritura de compraventa a favor de Essiv Ingest por un precio de 5,7 millones.
Soriano abonó algo más de un millón de euros en efectivos, cheques y un pagaré. Al cabo de unos días, el cabecilla abrió una cuenta en un banco de la avenida Ausias March, siempre simulando la identidad del verdadero dueño del edificio, para repartirse el dinero de la fraudulenta operación.
El grupo, al comprobar el aparente éxito de la estafa, decidió proceder de manera similar con otras propiedades de la familia realmente suplantada. Así lo hicieron con dos fincas en Cullera . De nuevo, el principal acusado hizo un contrato de opción de compra a favor de otro de los investigados por un precio supuestamente inferior al real. Más tarde, simularon la compra mediante la entrega de dos cheques de 450.000 euros que nunca se trataron de cobrar. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de estafa y otros de falsedad en documento público y pide que le devuelvan el millón de euros a la empresa de Soriano, que se encuentra en liquidación desde el año 2013.
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