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Un policía local, poniendo un multa, en una imagen de archivo.
Un policía se enfrenta a cuatro años de prisión por aparcar con una tarjeta de discapacidad

Un policía se enfrenta a cuatro años de prisión por aparcar con una tarjeta de discapacidad

El inspector falsificó el documento y utilizó con su pareja una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida

J. MARTÍNEZ/A. RALLO

Viernes, 25 de octubre 2019, 01:13

Un inspector de la Policía Local de Moncofa se enfrenta a una condena de cuatro años de cárcel por falsificar y utilizar una tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida. El procesado, cuya identidad responde a las iniciales L. F. M. G., cometió los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Valencia.

Los hechos delictivos fueron descubiertos por la Policía Local de Torrent el 4 de septiembre de 2017, cuando un agente confiscó la tarjeta falsificada a la pareja del inspector, una mujer ucraniana de 49 años, después de que estacionara su coche en una plaza reservada para conductores discapacitados en el aparcamiento de un gimnasio municipal en la ronda del Escultor Vicente Pallardó en Torrent.

La Policía Nacional asumió la investigación y averiguó que el procesado había facilitado el documento, presuntamente, a su pareja sentimental para su propio beneficio. El ministerio público estima que el inspector de la Policía Local de Moncofa se atribuyó competencias que excedían de las propias de su cargo, y que elaboró la tarjeta con su nombre en una fecha sin determinar entre los años 2013 y 2017.

Tras considerar probados estos hechos, la fiscalía también solicita tres años de cárcel para la pareja del procesado al considerarla «cooperadora necesaria» del delito de falsedad en documento público. Además de las penas de prisión, el ministerio público pide la inhabilitación del acusado para ejercer un empleo o cargo público durante nueve años, así como el pago de dos multas con las cuantías de 12.000 euros para el inspector y 9.000 euros para su compañera sentimental. En el juicio está previsto que declaren los policías que se incautaron de la tarjeta y los agentes de la Policía Nacional que investigaron los delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa.

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