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J. M.
Valencia
Lunes, 23 de septiembre 2024, 14:12
Otro golpe policial a la trata de personas en Valencia. La Policía Nacional han liberado a 24 mujeres víctimas de explotación sexual y ha desmantelado la organización criminal que las explotaba en pisos de Valencia, Castellón y otras ciudades de España. Los investigadores clausuraron cinco de estos prostíbulos en los que también vendían cocaína y de medicamentos de disfunción eréctil.
Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución seis días a la semana, y disponían únicamente de dos horas libres de las 24 horas del día, según informó la Policía Nacional. La organización estaba liderada por una mujer al frente de un entramado familiar.
La operación se ha saldado con 21 personas detenidas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1), entre las que se encuentran los cuatro principales responsables del entramado, que ingresaron en prisión provisional. Los agentes realizaron 11 registros domiciliarios y cinco pisos de citas fueron clausurados.
La investigación policial se inició gracias a la declaración de una mujer que manifestó haber sido víctima de explotación sexual por parte de una organización criminal. Las numerosas pesquisas iniciadas desde ese momento permitieron detectar la actividad del entramado, que estaba liderado por una mujer. Junto con sus familiares directos, la individua operaba a modo de clan, y el resto de integrantes eran ciudadanos de origen latinoamericano.
La organización criminal captaba a las víctimas en sus países de origen a través de anuncios en portales de internet de contactos sexuales y, ocasionalmente, a través de otras mujeres que habrían estado bajo control de la red.
Las mujeres aceptaban las condiciones impuestas debido a su precaria situación económica y con la esperanza de mejorar su situación vital, pues en muchas ocasiones ellas eran el único sustento de su núcleo familiar.
Las víctimas viajaban en avión a España tras simular viajes de turismo. El grupo desarticulado repercutía los gastos sobre ellas en forma de deuda que luego tenían que saldar con los beneficios de su explotación sexual. El entramado desarrollaba su actividad en seis pisos de citas, al menos, ubicados en las provincias de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia.
Cuando las mujeres llegaban a nuestro país eran trasladadas a los pisos, donde permanecían unos 20 días, y en el momento en el que los explotadores consideraban que las mujeres se encontraban «quemadas» en una zona, las desplazaban a otras casas de citas. Este sistema de rotación era utilizado para satisfacer la demanda constante de «mujeres nuevas» de los clientes y aumentar así los beneficios del entramado, según la Policía.
Las víctimas eran obligadas a aceptar todos los encargos sexuales durante las 24 horas del día con una única jornada de descanso a la semana y dos horas libres previo aviso a los integrantes de la red criminal. De las ganancias obtenidas por los servicios sexuales sólo tenían derecho al 50 por ciento.
Los propios integrantes de la red criminal eran los encargados de responder y concertar los servicios sexuales con los clientes, ya fuera a través de llamadas telefónicas o de mensajería instantánea. De esta forma controlaban la cantidad y duración de los servicios.
Los pisos de citas funcionaban también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, y medicamentos sujetos a venta bajo prescripción médica, indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil.
El entramado criminal recaudaba los beneficios económicos derivados de la explotación sexual y la venta esas sustancias estupefacientes y farmacológicas a través de una plataforma de pago para telefonía móvil. Para ello, la red contaba con colaboradores que aportaban líneas de teléfono y cuentas bancarias donde se efectuaban los pagos que, posteriormente, "eran trasmitidos a los cabecillas del entramado criminal en efectivo o a través de criptomonedas", según las mismas fuentes policiales.
Para blanquear esos beneficios hacían uso de sociedades mercantiles a través de las cuales adquirían diversos inmuebles. En los 11 registros, la Policía intervino 51.730 euros en efectivo, un vehículo, 11 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, una tablet, 35 gramos de cocaína, 446 gramos de marihuana, 52 gramos de hachís, 23 comprimidos de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil y una pistola. También procedió bloqueo de efectivo y criptomonedas y a la prohibición de disposición de bienes por un valor de 508.367 euros.
En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la Policía Nacional recordó este lunes que cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos. Las llamadas a este número no quedan reflejadas en la factura telefónica.
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