Reclaman imputar al concejal de Industria de Mislata por dejar funcionar sin licencia el hinchable en el que murieron dos niñas

Sigue el cerco de las acusaciones particulares al Ayuntamiento de Mislata para que el juzgado dirima una posible responsabilidad del Consistorio en la muerte de dos niñas en el hinchable de una feria municipal. En el tercer aniversario de la tragedia, que se cumple este sábado, ya está vigente la quinta prórroga de la instrucción decretada por el juzgado número 4 del municipio valenciano, tal y como ayer publicó LAS PROVINCIAS. La razón principal de que el juez decida alargar la investigación es que «restan por examinarse diversas cuestiones relativas a la posible responsabilidad del nuevo miembro del Ayuntamiento de Mislata cuya declaración se solicita por la acusación, siendo que de acordarse, podrían derivarse nuevas diligencias a practicar según fuera el resultado», como consta en el auto dictaminado el pasado 19 de noviembre.

El motivo es que el abogado de los padres de Vera, una de las dos menores fallecidas en la atracción, ha solicitado que se cite en calidad de investigado al concejal que en enero de 2022 ostentaba las competencias de Industria en la localidad, Alfredo Catalá Martínez.

«Esta falta de actividad, esta opción por no comprobar, por no asegurarse de que el recinto ferial y las atracciones que lo componían estaban instaladas cumpliendo con todas las normas para garantizar la seguridad de sus usuarios, no sólo debe conllevar la consecuencia de mantener la imputación del técnico municipal, sino que debe ampliarse esta imputación al responsable político del departamento de Industria», como sostiene el documento presentado ante el juzgado.

Además del técnico del Consistorio, en la causa figuran como investigados los dos feriantes responsables del montaje y seguridad del castillo del que salieron despedidas las niñas y el ingeniero que dijo inspeccionar la atracción (aunque su móvil lo sitúa en Elche, lejos de la ubicación del recinto ferial). La familia de Vera reclama que se incluya en esta condición de investigado al concejal de Industria por no contar la feria con licencia de actividad.

La petición de la acusación particular se produce después de comprobar a través del catastro que el recinto ferial se instaló en un terreno de titularidad pública. El Ayuntamiento aseguró al juzgado que las atracciones estaban en «una vía pública de titularidad municipal». Yaquí es donde radica la irregularidad, según el abogado de los padres de Vera.

Desde el Consistorio únicamente se concedió a la feria una licencia de ocupación de vía pública, como sostiene el documento presentado al juzgado. «La naturaleza privada del suelo ocupado por la Feria de Navidad conlleva la necesidad de otorgar una licencia de actividad para la puesta en marcha del recinto, no bastando con la mera licencia de ocupación de vía pública», como sostiene la petición al juez para imputar al concejal.

La acusación añade que el Consistorio, en una resolución de la alcaldía de diciembre de 2021, señalaba: «En lo que respecta a la apertura, cierre y horarios del recinto, se atenderá a lo que establezca la licencia de actividad que se está tramitando en el servicio de Industria». Sin embargo, «el Ayuntamiento no completó la tramitación de este expediente», añade el documento interpuesto ante el juzgado de Mislata.

La acusacion ve «falta de supervisión y dejación de funciones» en el edil de Industria y reclama al juzgado que sea citado en calidad de investigado. El juez deberá resolver qué hace tras la prorroga de seis meses aprobada el pasado mes de noviembre.

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