Una red cobraba hasta 800 euros a inmigrantes en Valencia para aprobar por ellos el examen de nacionalidad española

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a suplantar la identidad en los exámenes para obtener la nacionalidad española. Han sido detenidas 11 personas, diez hombres y una mujer, entre 25 y 40 años, de origen nigeriano y guineano, en Valencia, Madrid, Islas Baleares y Murcia, por los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad de los aspirantes a las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y de conocimientos culturales (CCSE) establecidos por el Instituto Cervantes.

Los organizadores cobraban entre 400 y 800 euros por presentarse a las pruebas y aprovechaban el gran parecido físico que tenían con los verdaderos aspirantes. La investigación arrancó hace aproximadamente un año cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia tuvieron indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para la consecución de la nacionalidad española.

Ante la hipótesis de la existencia de una organización dedicada a suplantar la identidad de los candidatos para superar las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y conocimientos culturales y legales (CCSE), necesarias para la obtención de la nacionalidad, los agentes prosiguieron con la investigación.

A raíz de las indagaciones se consiguió establecer la relación entre seis personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Ghana, los cuales se encargaban de localizar primeramente a personas con parecido físico a los aspirantes y conocimientos suficientes para la superación de las pruebas. Posteriormente, suplantaban a los verdaderos aspirantes para aprobar los exámenes requeridos para la obtención de la nacionalidad española. Como resultado de las investigaciones los agentes llevaron a cabo registros en la provincia de Valencia donde se intervinieron varios dispositivos móviles, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsos.

A veces eran los mismos organizadores los que se presentaban a los exámenes del dominio de la lengua española y de conocimientos culturales y legales para conseguir que le otorgaran la nacionalidad a sus clientes que habían abonado hasta 800 euros para que les realizaran las pruebas de manera fraudulenta en lugar de estudiar por ellos mismos. De esta manera se presentaban a los exámenes con documentación falsificada para hacerse pasar por los aspirantes. A veces incluso llevaban la verdadera.

Se llegaron a efectuar un total de 11 detenciones –siete de ellas en Valencia, dos en Madrid, una en Murcia y otra en las Islas Baleares–, por los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, imputándoles además a cuatro de ellos un delito de pertenencia a grupo criminal. Los delincuentes fueron puestos a disposición judicial.

Las organizaciones criminales, sea cual sea su finalidad, se están sirviendo mucho de la suplantación de identidad y de la falsificación documental para poder lucrarse económicamente. El pasado 27 de marzo efectivos de la Guardia Civil, en la denominada operación 'Mano Negra', desmantelaron una organización que se apropió de las herencias de 22 ancianos fallecidos. La banda incrementó su actividad por las muertes derivadas de la pandemia por la Covid-19.

Los agentes detuvieron a ocho personas e investigaron a otras tres por los delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya.

Tenían un 'modus operandi' bien estructurado. Primero se aseguraban de que los fallecidos estuvieran solos. Tras asegurarse que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros.

La mujer detenida en esta trama era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros. Utilizaban las inmobiliarias en Denia y País Vasco para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. Utilizaban gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, para convertir mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. Así se quedaban con los bienes de los fallecidos de una forma muy económica y tenían el negocio montado.

También utilizaban una empresa de reformas, , una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta para evadir impuestos. Su trayectoria criminal fue tal que consiguieron hacerse con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.

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