Regreso al horror de Godella

Mientras, la casa de campo de Godella que ocupaba la pareja ilegalmente aquel terrible 13 de marzo de 2019 ya ha sido derribada. Y ninguna administración ha asumido, de momento, responsabilidad en el rotundo fallo de los protocolos sociosanitarios después de que la abuela materna de los pequeños alertara del riesgo que corrían en manos de una madre trastornada, un padre obsesionado por creencias religiosas de civilizaciones antiguas y el letal ingrediente del consumo de drogas.

Mañana por la mañana se elegirán los miembros del jurado encargados de disponer justicia para Gabriel Salvador. C. A., un joven con la doble nacionalidad belga y mejicana, y María G. M., una española con familia en Rocafort. La pareja se conoció en 2011 y desde 2017 se establecieron ilegalmente en el chalé donde sucedieron los sangrientos hechos, cerca de lujosas urbanizaciones como Campolivar o Santa Bárbara, pero viviendo de una manera alternativa.

La visión del fiscal en el caso es clara: «Ambos tenían y compartían creencias místicas y asumían como ciertas la regresión, la purificación de las almas mediante baños y su renacimiento tras la muerte de los cuerpos». Tales creencias, «inicialmente profesadas por Gabriel, fueron poco a poco asumidas por María».

Además, según mantiene el acusador, la pareja creía «que una secta les perseguía y asediaba, abusaba sexualmente de Amiel y quería secuestrar a sus hijos». Consideraban que este grupo amenazante «estaba integrado incluso por familiares y amigos de María». Tanto era así que había noches «que estaban en vigilia para evitar ser atacados», describe el fiscal.

En este contexto, la acusación pública apunta directamente a Gabriel en la decisión fatal: «Inculcó a María que la única forma de proteger a sus hijos del asedio era un baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir».

El horror sobrevino en algún momento entre las diez de la noche del 13 de marzo y las cuatro de la madrugada del día siguiente. Así lo resume el fiscal: «De común acuerdo, los bañaron en la piscina de la casa para purificarlos y les propinaron multitud de violentos golpes, casi todos en la cabeza, con un objeto contundente o contra el suelo». Una vez muertos, los enterraron en dos puntos de la parcela donde fueron descubiertos por los investigadores de la Guardia Civil.

Pero el acusador marca una línea muy clara entre ambos: María «padecía una esquizofrenia paranoide en fase de brote agudo que anulaba su inteligencia y voluntad», por lo que no es imputable, y pide su internamiento en un centro psiquiátrico por un período no superior a 25 años. Gabriel se enfrenta a 50 años de prisión por los dos asesinatos de sus hijos al contemplar el fiscal la agravante de parentesco.

Arturo Peris, el abogado del padre, tratará de convencer al jurado de esta versión: «María sufría una grave enfermedad mental y fue ella, y sólo ella, la que acabó con la vida de sus dos hijos mientras Gabriel dormía y sin su conocimiento». Lo hizo, resume Peris, siguiendo «la voluntad de Dios que ella conocía directamente a través de su voz».

Más allá de la cuestión puramente penal, el caso de los niños de Godella mantiene abierto otro interrogante: ¿por qué no hubo una respuesta sociosanitaria o policial acorde a las señales de alarma que comunicó la abuela materna de los pequeños?

Como publicó el sábado LAS PROVINCIAS, Noemí M. presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Conselleria de Sanidad al considerar que el crimen podría haberse evitado. Cuatro semanas antes del doble infanticidio, una psiquiatra reconoció a María y le dijo que solo sufría episodios de ansiedad propios de una joven madre entregada a la crianza de sus dos hijos pequeños.

Tras el doble asesinato, la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunció que se investigaría «cuál ha sido el itinerario de servicios sociales de esta familia, como se hace siempre que ocurre un hecho grave». El resultado de esa supuesta investigación se desconoce. El Ayuntamiento de Rocafort, al tanto de los problemas de la pareja y los menores, sí se explica: «Se hizo un estudio en Servicios Sociales y en la Policía Local. En ambos casos se comprobó que se había actuado adecuadamente».

Para la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, no se puede culpar a las fuerzas de seguridad «encargadas de la investigación policial y judicial, pero ajenas» a las vicisitudes sociales o sanitarias.

Mientras tanto, Godella intenta olvidar y dejar atrás aquel espanto, y lo comprobamos en la escena del crimen. Las máquinas han entrado ya en la parcela y han reducido a escombros la casa que en su día fue el domicilio de la pareja. Allí, esparcidos por el suelo o colgados en una nave anexa, aparecen todavía muchos de los juguetes con los que los pequeños se entretenían al aire libre antes de ser asesinados. Cochecitos, un balón o muñecos de plástico recuerdan la vida de los dos niños inocentes. Los vecinos que habitan en los chalés más cercanos no ocultan su sentir: «A nadie le hace gracia vivir al lado de un lugar donde ha ocurrido algo tan terrible». Algunos jóvenes no piensan lo mismo y entran en la parcela para satisfacer su macabra curiosidad.

Pili Marín, residente de una vivienda cercana, lo tiene claro: «Que se destruya esa casa. Es lo mejor que puede suceder, que se limpien los malos recuerdos y nunca más se repita algo así». Para la mujer, «esa casa es ya un lugar marcado. Vale la pena tirarla abajo y empezar de cero, como se está haciendo». También constata ciertas «excursiones de chavales movidos por morbo o curiosidad adolescente», y asegura que algunos juguetes de la casa «han aparecido esparcidos por el sendero», entre campos que discurre junto a la parcela.

Juani Montalt es trabajadora de mantenimiento en el colegio Cambridge House. «Los alumnos del centro vivieron de lleno lo sucedido. El rastreo de la Guardia Civil en busca de los niños les pilló a la salida», explica. La mujer suele dar paseos en momentos de descanso, «pero en las caminatas evito pasar frente a la casa y doy un rodeo». Según confiesa, «me hunde el dolor y la pena cuando me acuerdo de los niños y pienso en lo que tuvieron que sufrir». La justicia para Amiel e Ixchel está desde mañana en manos de un jurado popular.